Las radios comunitarias, aquellas emisoras de ámbito local que no tienen ánimo de lucro y persiguen la participación ciudadana, viven una situación agriculce. Por un lado, el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual reconoce por primera vez el papel que juegan en el desarrollo de la sociedad civil, así como la necesidad de dotarlas del espacio radioeléctrico necesario para realizar su labor. Sin embargo, limita su presupuesto de explotación a 50.000 euros anuales y prohíbe cualquier forma de publicidad.