El colmo es que el Gobierno prepara una reforma de la Ley de Extranjería que contempla duras sanciones para quienes ayuden o acojan a indocumentados. Ya de por si la Ley de Extranjería es tan restrictiva que el Tribunal Constitucional enmendó cinco de sus artículos por vulnerar derechos fundamentales de los inmigrantes tales como los de manifestación y asociación.