La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este lunes estudiar una demanda interpuesta por empresas y grupos de defensa de los derechos civiles a una ley aprobada en 2007 en el estado de Arizona, que castiga a los propietarios de compañías que contratan a inmigrantes indocumentados. La ley en cuestión es diferente a la legislación SB1070 que promulgada en abril pasado por la gobernadora Jan Brewer y que obliga a los agentes policiales determinar el estatus migratorio de cualquier persona que les parezca sospechosa de ser un indocumentado.