El año 2014 cierra con victorias para el movimiento antifracking en el mundo, que ha logrado prohibiciones y moratorias en serie. Mientras tanto, el Gobierno español se empeña en tomar la dirección contraria. Los cambios normativos a nivel estatal han sustanciado las decisiones del Tribunal Constitucional de anular o paralizar las distintas iniciativas de prohibición del fracking a nivel autonómico. Se implanta el “prohibido prohibir”.
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Mientras muchos países o estados lo prohíben, aquí lo subvencionan