Las cooperativas agrarias no devolverán las ayudas al gasóleo concedidas por el Gobierno en el año 2000 al defender que están acogidas a la regla de mínimis, contraviniendo así la decisión de la Comisión Europea que exigió al Ejecutivo español la recuperación de dichas ventajas fiscales "de inmediato" al considerarlas ilegales. Dicha decisión no es aplicable en España hasta que el Estado modifique la legislación vigente, razón por la que las cooperativas han instado al Gobierno a recurrir la decisión europea.
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