Ello podría permitir al Gobierno aplicar una serie de reglamentos contra la contaminación producida por los gases invernadero emitidos por fábricas y vehículos, entre otros. La decisión ha provocado, sin embargo, la reacción en contra de la industria del carbón y del petróleo -los más afectados por la próxima regulación- que llevarán la decisión a los tribunales.
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