Como nunca antes había ocurrido en México, el Gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, haciendo uso “irracional y desmedido” de la fuerza policíaca, cerró tres radios comunitarias ubicadas en regiones indígenas marginadas del país e inició procesos penales en contra de sus integrantes, el último caso es el de Rosa Cruz, purépecha integrante de la emisora de 5 watts de potencia.