Para la ministra es una suerte que "vivamos en una democracia donde hay unas leyes y unos mecanismos clarísimos para que no existan estos conflictos de intereses" y así puedan acceder a la gestión pública personas procedentes del sector privado que no sean "profesionales de la política". "Ejercer un cargo público no está vetado a los ciudadanos", es el argumento de González-Sinde para eludir dar ningún detalle sobre las acusaciones concretas que se le han hecho.
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