Unos empresarios contratan ilegalmente a un inmigrante que muere en un accidente mientras trabajaba. A la Guardia Civil le dicen que era un ladrón que había entrado a robar. Son condenados a cárcel, pero el alcalde de su pueblo, junto con el cura y el presidente del Gobierno de La Rioja inician una campaña para solicitar el indulto. Éste es rechazado por el Consejo de Ministros, pero al final se salen con la suya y un juzgado de Logroño conmuta sus penas por una multa y trabajos sociales. Para que digan que la justicia no está vendida.
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