En el 2005, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución no vinculante titulada “La lucha contra la difamación de las religiones”, que a partir de entonces ha sido revalidada anualmente. La resolución extiende la protección sobre derechos humanos, ya no a las personas, sino a las ideas y opiniones religiosas, escudándolas de expresiones que puedan ser consideradas “ofensivas”. Es decir, cuando un medio de prensa informa sobre lapidaciones contra mujeres en países islámicos se expone a ser acusado de incitar a la intolerancia.
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