El pasado día 4 de mayo el Comité Cívico de Santa Cruz convocó una consulta popular para aprobar un “estatuto autonómico” mediante el cual se “auto-otorgaban” competencias tales como orden público, la titularidad de lo recursos naturales, la recaudación y administración de impuestos, agricultura, comunicaciones... Competencias que según la Constitución boliviana corresponden al Gobierno de la Nación boliviana.
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