El acusado, que antes de la vista ha indemnizado a la víctima con 12.000 euros, reconoció los hechos a cambio de que el ministerio público rebajara su petición inicial de ocho años de prisión y de inhabilitación para empleo o cargo público a solo dos. La fiscalía también pide una orden que le prohíba acercarse a menos de 1.000 metros a la víctima durante tres años.
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