Los jueces deben decidir si la inyección letal es un castigo "cruel e inhumano" que va contra la Constitución. El debate sobre la pena de muerte, que se reinstauró en EE UU en 1977, volvió a saltar a la opinión pública tras aceptarse la demanda presentada por dos reclusos en Kentucky -Ralph Baze y Thomas Clyde Bowling- que denunciaron a ese Estado en 2004 alegando que la inyección letal equivale a un castigo "cruel e inusual", lo que está prohibido por la Constitución.
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