El Gobierno de Rajoy ha dado el pistoletazo de salida para privatizar las televisiones autonómicas. La reforma de la ley está encaminada a ayudar a las comunidades a reducir su déficit (el presupuesto de las cadenas públicas alcanza los 1.500 millones de euros) sin tener que cerrarlas, tal y como ha planteado Álvarez-Cascos en Asturias. Pero si una compañía privada optara por hacerse con las televisiones debería hacer frente a una deuda de al menos 2.000 millones de euros, una situación que hace "que nadie las quiera ni regaladas"
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