El nuevo proyecto de ley orgánica dirigido a reformar el actual Código Penal, cuya remisión al Congreso fue acordada en el pasado Consejo de Ministros, introducirá como delito el tráfico ilegal de órganos humanos, y establecerá penas de "hasta 12 años de cárcel", tanto a las personas que lo promuevan como a los receptores, según anunció la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.