Los controles de los aeropuertos se han convertido en un espacio de impunidad donde los ciudadanos, que en cualquier otra circunstancia tenemos unos derechos protegidos por la Constitución, quedamos a merced de unas normas que la Unión Europea ha decidido declarar secretas. La ausencia de una ley a la que atenerse da paso a todo tipo de arbitrariedades cometidas por vigilantes privados cada vez menos cualificados para la función pública en la que desempeñan su tarea.
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