Foto y relato coinciden con agresión a feminista denunciada antes.

Si los presupuestos del Consorcio no se modifican, si pasan los trámites parlamentarios actuales (tramitación de los presupuestos en el Pleno del Ayuntamiento y en la Asamblea de Madrid), implicarían una bajada del servicio de autobús del 3%. Esto se traduciría en empeorar las frecuencias de algunas líneas que usas, incluso la posible eliminación de algunas líneas y menos servicio de forma genérica en fines de semana. Además, por la falta de inversión, no se podrían comprar autobuses.

El Ayuntamiento de Madrid va a hacer obras en la Plaza de España y “pone en marcha una página web en la que se busca que la ciudadanía aporte sus ideas”. [...] No se especifican fechas, dónde serán publicadas las respuestas recibidas, cómo se podrán debatir [...] Ni una explicación sobre el presupuesto en esa web. A la prensa ya le han contado que las obras costarán 79,5 millones de euros. Si ya saben cuánto va a costar, sabrán qué van a hacer, ¿para qué mierdas piden participación ciudadana? ¿A dónde van las sugerencias?

Un día quedé con cuatro amigas para ir a la piscina y les conté los dos casos de agresión sexual que viví. ¿Y ellas? (...) Únicamente L. no tiene ninguna experiencia de agresión sexual. “Claro, si quitamos todas las veces que un desconocido me ha tocado el culo o me ha agarrado las tetas en un concierto o una discoteca. Bueno, y cuando tenía unos seis años había un vecino, de ocho, que me daba besos en la boca. Un día le pilló su madre tumbado encima de mi, haciendo como que me follaba.”

La Sección 29 de la Audiencia provincial de Madrid acaba de dictar sentencia en la que confirma la condena a un mando de la UIP por dos faltas de lesiones. Las agresiones tuvieron lugar en el marco de una acción de protesta en la sede de la SAREB el pasado 22 de marzo de 2013. El funcionario de policía, según los hechos probados, empujó a una de las manifestantes y cuando otra persona acudió a ayudarla, requiriendo al funcionario policial para que le diese su número de placa, fue golpeado y agarrado por los testículos.

T.C.L. murió el 20 de mayo al caer desde una altura de 25 metros mientras realizaba tareas de impermeabilización en el tejado de una biblioteca de la UPV/EHU en Leioa. Una piloto que trabajaba en las labores de extinción de un incendio en Almería fallecía el día 25 en un accidente de avioneta. Unas horas antes, era un trabajador de Astilleros Armón quien moría en el tajo, víctima de los recortes en seguridad. En el primer trimestre de 2014 se produjeron 12 accidentes mortales más que en el mismo periodo del año anterior.

En las próximas semanas escucharemos que Rajoy no mentía cuando prometió bajar el IRPF, aunque solo se beneficien las rentas altas. Lo que se nos ocultará en la campaña para las Europeas será que ese reducción se hará a costa de la subida del IVA. "Lo fácil es gravar los alimentos básicos, porque la gente lo último que hace es dejar de comer".

Olga fue a comisaría a denunciar una violación y terminó encerrada en el CIE durante 48 días por encontrarse en situación administrativa irregular. Durante esos 48 días y como consecuencia de la violación, Olga presentaba sangrado vaginal, pero no recibió ningún tipo de asistencia médica o psicológica, más allá de calmantes y compresas.

Big data no es capaz de encontrar una aguja en un pajar, sino que sólo nos valdría para decirnos qué longitud y tonalidad tienen la mayoría de los trozos de paja a base de analizarlos todos y detectar tendencias. ¿Por qué se espía ese volumen de comunicaciones? Para almacenarlas y buscar rastros de los sospechosos que se descubran de otras formas. Ilegal, pero ni mucho menos un Gran Hermano.

Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) 5/1985. El artículo 149 afecta a aquellos “administradores generales y de las candidaturas de los partidos que falseen cuentas”. “Como no está en el Código Penal, la mayor parte de la gente no lo conoce y algunos se dedican a hacer campaña diciendo que esto no es delito. Nosotros creemos que sí”. Esta infracción acarrea penas de entre uno y cuatro años de prisión y multas de 12 a 24 meses.