La respuesta de la extrema derecha al anuncio del Gobierno sobre la regulación del espacio digital no ha tenido nada de improvisada. Ha sido automática, casi mecánica. Bastó con que el Ejecutivo, encabezado por Pedro Sánchez, insinuara la necesidad de intervenir sobre las plataformas para que se activara el mismo libreto de siempre: gritos de censura, acusaciones de autoritarismo y una apelación grandilocuente a una supuesta “libertad de expresión” amenazada. No es un reflejo democrático. Es una estrategia defensiva.