Los particulares están sometidos a la ley y obligados a cumplir sus contratos. Los poderes públicos han de respetar los derechos fundamentales de los particulares y protegerlos. Debería ser obvio para cualquier jurista que en ninguno de los tres casos se ha infringido el derecho a la libertad de expresión del periodista, de Escolar o de la empleada de Mercadona. Simplemente porque los que han tomado las decisiones correspondientes no son poderes públicos. Ni son el legislador, ni es el Gobierno o una Administración Pública ni son jueces.
Comentarios
Entiendo perfectamente que se haya traido aquí, en el "general" casi cualquier cosa con más de cuatro párrafos -salvo que te simpatice- no va a ser leído y menos cuando se construye un desarrollo tipo a + b = C. C + d + e = F
Voto Cansina en sub jurídico de un artículo jurídico. Interesante. Umm