Estos funcionarios públicos responden de esta forma al requirimiento del magistrado, que investiga si la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cometido el delito de intrusismo que le atribuye a Begoña Gómez por haber firmado pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).