Las palabras de Isabel Díaz Ayuso ya no pueden despacharse como una simple sobreactuación política. Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que en Barcelona habrá “una reunión de narcoestados en torno al presidente Sánchez”, no está solo atacando al Gobierno central: está insultando a países soberanos, dinamitando la imagen exterior de España y colocando a una institución autonómica en una posición de abierta agresión diplomática.

El decreto aprobado por el Gobierno no da papeles “a granel” ni regulariza delincuentes: exige residencia previa, cinco meses en España, ausencia de antecedentes penales y controles policiales y europeos. Feijóo ha llegado a afirmar que el Gobierno regularizará a inmigrantes “que han delinquido”, que “han abusado de una mujer” o que “han robado”. También ha hablado de una regularización “a granel” y ha sembrado la idea de que personas con perfiles peligrosos podrán obtener residencia. Pero el BOE dice otra cosa