El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha escuchado este miércoles durante más de cinco horas a la ex responsable de Control Normativo de Podemos, Mónica Carmona, citada como testigo en el marco de la causa en la que Podemos se encuentra imputado. Carmona fue despedida de su cargo coincidiendo con la salida del abogado del partido y ahora denunciante, José Manuel Calvente, cuando ambos estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables.

Advierte que la iniciativa del Gobierno de coalición dirigida a rebajar la mayoría suficiente para renovar a los miembros del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros "y puede resultar en una violación del Consejo de Europa estándares anticorrupción" Recuerda asimismo que GRECO ha subrayado repetidamente que las autoridades políticas no deben participar, en cualquier etapa del proceso de selección del turno judicial.

Pasajeros del vuelo Madrid-Bilbao identifican a la ministra Isabel Celaá abandonando Madrid para acudir a su ciudad natal en el puente de la Constitución

El descontento no es cosa solo de la derecha. Colectivos de izquierda han comenzado a movilizarse para denunciar el abuso del estado de alarma y el empleo de las leyes en las que se sustenta a nivel sancionador, entre ellas la conocida como ley mordaza. El Ejecutivo pasó de anunciar su derogación a sustentar las multas en la norma y su empleo es uno de los puntales del malestar. Rodea el Congreso ha anunciado acciones que arrancarán el próximo miércoles.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha dado una serie de explicaciones tras ser captada por una cámara saltándose el confinamiento por coronavirus paseando con unas amigas por la calle hace dos días.

Según ha comprobado SER Almería, el diputado socialista por Almería Indalecio Gutiérrez ha caminado 8 kilómetros en las últimas horas fuera de su casa, tal y como marca una aplicación móvil con la que el diputado anota sus caminatas. Según aparece registrado, el sábado caminó por Retamar-El Toyo algo más de 5 kilómetros durante 40 minutos y el domingo, 3 km. durante 39 minutos y por la misma zona. Según el propio Indalecio Gutiérrez se debe única y exclusivamente a su salida para comprar pan y artículos de primera necesidad a una tienda.

Irán se niega a entregar las cajas negras del avión PS752 perteneciente a Ukraine International Airlines a Boeing, según ha afirmado la organización de aviación civil de Teheran este miércoles. La embajada de Ucrania en Teheran inicialmente culpó a un fallo mecánico, pero posteriormente eliminó la declaración. Ukraine International Airlines ha suspendido todos sus vuelos a Teherán indefinidamente.

Después de los acontecimientos recientes en torno al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, he intentado redactar un breve texto que permita entender mejor la complejidad que subyace tras un asunto que se nos vende de manera burdamente simplificada desde partidos y medios.He fallado miserablemente en mi intento por ser breve, así que también dejo un Resumen Para Vagos: con la nueva ley no sólo no te vas a ahorrar el IAJD sino que vas a pagar más impuestos que nunca. Jamás ha estado nada claro que el impuesto lo tenga que pagar el banco. El Tribunal Supremo NO ha cambiado su sentencia, y el principal interesado en evitar una compensación retroactiva es el Estado.1 - ¿Qué es la seguridad jurídica y cómo importa en este caso?La seguridad jurídica es el principio de derecho por el cual todos podemos saber qué es lo que la ley nos permite, prohíbe u obliga a hacer, y es uno de los pilares básicos en los que se asienta nuestra sociedad. Es imposible que actuemos conforme a la ley si no podemos saber lo que ésta espera de nosotros.El artículo 29 de la ley que establece el IAJD decía desde 1993 que "será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.".El sujeto pasivo es el adquirente del bien, es decir, inicialmente parece claro que debería pagar el cliente y no el banco. El problema surge cuando hay otra corriente que interpreta que en el contexto del IAJD no aplica el concepto de adquiriente del bien, por lo que correspondería el uso alternativo, siendo el sujeto pasivo quien solicita los documentos o tenga interés en solicitarlos, es decir, el banco.Para solucionar esta ambigüedad, en 1995 se añadió un reglamento que especificaba:Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario.Es decir, que el sujeto pasivo es el cliente, fuera de toda duda.Desde su existencia y durante 25 años hasta el cambio de criterio hace unas semanas, en todas las ocasiones en que esta cuestión se había llevado a los tribunales, estos habían interpretado que era el cliente el sujeto pasivo. Es, por tanto, lógico que tanto el banco como el cliente partiesen de la premisa de que ese impuesto recaía sobre el cliente, pues es lo que la ley parecía esperar de ellos. En esa presuposición radicaba la seguridad jurídica.2 - ¿Ha cancelado el Tribunal Supremo su propia sentencia?Se ha extendido la sensación de que el Tribunal Supremo ha cancelado su propia sentencia en dos días por miedo a perjudicar los intereses de los bancos. ¿Es esto cierto?Tal y como comentamos en el punto anterior, existían dos artículos respecto a la determinación del sujeto pasivo: El de la ley original y el del reglamento posterior que lo matizaba.Lo que la sala la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Segunda) hizo el pasado mes de Octubre es aceptar la segunda interpretación posible de la ley original, según la cual en este caso no puede hablarse de adquirente del bien y por tanto el sujeto pasivo ha de ser el interesado, que según su interpretación sería el banco.Esta conclusión se contradice con lo expuesto en el Artículo 69 del reglamento posterior que decía claramente que el sujeto pasivo era el prestatario, ¿qué ocurre entonces? Al chocar dos leyes, prevalece la de mayor rango en la jerarquía normativa: el decreto legislativo original primaba por encima del reglamento posterior, por lo que la sentencia suponía la nulidad de dicho decreto. Esta sentencia es firme y no ha sido cambiada: el artículo del reglamento que establecía que el sujeto pasivo es el prestatario sigue siendo nulo.En el momento en que escribo este texto aún no es pública la sentencia posterior del Tribunal Supremo, pero todo parece indicar que lo que se hizo, una vez anulado el Artículo 69 del reglamento, es determinar un criterio común entre esta sentencia y toda la jurisprudencia previa respecto a la interpretación legal de la ley original, decidiéndose en una igualada votación que la ley original señala al prestatario como sujeto pasivo.Este criterio no anula lo ya dictado por la sentencia anterior. El Supremo no se desdice sino que, una vez anulado el reglamento, establece una interpretación unificada sobre la ley original para garantizar la seguridad jurídica.3 - La decisión de evitar el pago retroactivo se toma por presiones para beneficiar a la bancaAunque el instinto inicial sea pensar que la banca es el principal beneficiado de esta decisión, y así se haya impulsado desde ciertos sectores, lo cierto es que el principal interesado en evitar la aplicación retroactiva del criterio es el Estado, pues de haberse devuelvo el impuesto se habría creado un agujero considerable en las cuentas públicas que, en el mejor de los casos, tardaría años en recuperarse (y muy probablemente nunca se recuperase).Es importante entender que los impuestos los cobra el Estado, no los bancos. Habría sido el Estado, a través de las Haciendas autonómicas, quien estaría cobrando ese dinero a los prestatarios en lugar de a los prestamistas de manera ilegal. Sería responsabilidad suya, por tanto, devolver el dinero.Aunque posteriormente podrían reclamarle a los bancos los pagos de forma retroactiva, esto supondría crear miles de reclamaciones que sin ninguna duda acabarían resolviéndose en los tribunales mucho tiempo después, y sin la certeza de poder ganarlas dada la sobrada jurisprudencia que señalaba que los bancos actuaban conforme a la ley en el momento en que se firmaron dichas hipotecas.Aún suponiendo que los tribunales diesen la razón a las CCAA en todos los casos, éstas recuperarían ese dinero años después (con el enorme problema que eso supondría para sus finanzas) e incluso teniendo la razón, la experiencia en casos similares (cláusulas suelo) nos dice que gran parte de las reclamaciones se pierden por caducidad de los procedimientos de revisión.En resumidas cuentas, de haberse aplicado de forma retroactiva este criterio, el retorno del dinero habría sido con toda seguridad a costa de las arcas públicas, no de los bancos.4 - ¿Con la nueva ley del PSOE, los ciudadanos pagarán menos?La reforma del reglamento aprobada este Sábado determina que son los bancos, y no sus clientes, los responsables de cargar con el pago del IAJD.La traslación del impuesto, sin embargo, implica que los productos hipotecarios tienen ahora un mayor coste para los bancos, y como en cualquier otro negocio, si el precio del producto sube para el vendedor, éste se lo venderá más caro al cliente.La forma más obvia de revertir este coste sería a través de una mayor comisión de apertura. Sin embargo esta opción podría interpretarse legalmente como una traslación literal del impuesto de vuelva al prestatario, por lo que es poco probable que se adopte esta fórmula, y sí que lo repercutan en forma de tipos de interés más altos.La cosa se quedaría más o menos igual que estaba simplemente añadiendo al banco como intermediario en el cobro del impuesto, pero ojo porque hay dos diferencias importantes:

• El ciudadano se ahorra 20€ en el momento de la compra, pero pagará 3.500€ a lo largo de la vida de la hipoteca.
• El banco sube los tipos de interés, pero no gana más ni menos que antes de la reforma legal.
• El Estado gana mucho más dinero a través de impuestos.

Después de los acontecimientos recientes en torno al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, he intentado redactar un breve texto que permita entender mejor la complejidad que subyace tras un asunto que se nos vende de manera burdamente simplificada desde partidos y medios. He fallado miserablemente en mi intento por ser breve, así que también dejo un Resumen Para Vagos: Nunca ha estado nada claro que el impuesto lo tuviese que pagar el banco, el Tribunal Supremo no ha cambiado su sentencia, el principal interesado en evitar una compensación retroactiva es el Estado y con la nueva ley no sólo no te vas a ahorrar el IAJD sino que lo vas a pagar con creces.1 - ¿Qué es la seguridad jurídica y cómo importa en este caso?La seguridad jurídica es el principio de derecho por el cual todos podemos saber qué es lo que la ley nos permite, prohíbe u obliga a hacer, y es uno de los pilares básicos en los que se asienta nuestra sociedad. Es imposible que actuemos conforme a la ley si no podemos saber lo que ésta espera de nosotros.El artículo 29 de la ley que establece el IAJD (ahora modificado por el PSOE) decía desde 1993 que "será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.".El sujeto pasivo es el adquirente del bien, es decir, inicialmente parece claro que debería pagar el cliente y no el banco, aunque existe una corriente que interpreta que sería la documentación notarial y no la hipoteca el bien adquirido, y el banco el interesado en adquirirlo.Para salir de dudas, en 1995 se añadió un reglamento que fijaba:Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario.Es decir, este reglamento señala sin lugar a dudas que el sujeto pasivo es el cliente.Desde su existencia y durante 25 años hasta el cambio de criterio hace unas semanas, en todas las ocasiones en que esta cuestión se había llevado a los tribunales, estos habían interpretado que era el cliente el sujeto pasivo. Es, por tanto, lógico que tanto el banco como el cliente partiesen de la premisa de que ese impuesto recaía sobre el cliente, pues es lo que la ley parecía esperar de ellos. En esa presuposición radicaba la seguridad jurídica.2 - ¿Ha cancelado el Tribunal Supremo su propia sentencia?Se ha extendido la sensación de que el Tribunal Supremo ha cancelado su propia sentencia en dos días por miedo a perjudicar los intereses de los bancos. ¿Es esto cierto?Tal y como comentamos en el punto anterior, existían dos artículos respecto a la determinación del sujeto pasivo: El de la ley original y el del reglamento posterior que lo matizaba.Lo que la sala la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Segunda) hizo el pasado mes de Octubre es aceptar la segunda interpretación posible de la ley original, según la cual en este caso no puede hablarse de adquirente del bien y por tanto el sujeto pasivo ha de ser el interesado, que según su interpretación sería el banco.Esta conclusión se contradice con lo expuesto en el Artículo 69 del reglamento posterior, por lo que la sentencia declara nulo dicho artículo del reglamento por contradecir la ley que regula, al poseer la ley un rango superior al reglamento en la jerarquía normativa. Dicha sentencia es firme y no ha sido cambiada: el artículo del reglamento que establecía que el sujeto pasivo es el prestatario sigue siendo nulo.En el momento en que escribo este texto aún no es pública la sentencia posterior del Tribunal Supremo, pero todo parece indicar que lo que se hizo, una vez anulado el Artículo 69 del reglamento, es determinar un criterio común entre esta sentencia y toda la jurisprudencia previa respecto a la interpretación legal de la ley original, decidiéndose en una igualada votación que la ley original señala al prestatario como sujeto pasivo. Este criterio no anula lo ya dictado por la sentencia anterior.3 - La decisión de evitar el pago retroactivo se toma por presiones para beneficiar a la bancaAunque el instinto inicial sea pensar que la banca es el principal beneficiado de esta decisión, y así se haya impulsado desde ciertos sectores, lo cierto es que el principal interesado en evitar la aplicación retroactiva del criterio es el Estado, pues de haberse devuelvo el impuesto se habría creado un agujero considerable en las cuentas públicas que, en el mejor de los casos, tardaría años en recuperarse aunque probablemente nunca se hiciese.Es importante entender que los impuestos los cobra el Estado, no los bancos, y habría sido el Estado, a través de las Haciendas autonómicas, quien, en dicho supuesto, habría estado cobrando ese dinero a los prestatarios en lugar de a los prestamistas de manera ilegal. Sería responsabilidad suya, por tanto, devolver el dinero.Aunque posteriormente podrían reclamarle a los bancos los pagos de forma retroactiva, esto supondría crear miles de reclamaciones que sin ninguna duda acabarían resolviéndose en los tribunales mucho tiempo después, y sin la certeza de poder ganarlas dada la sobrada jurisprudencia que señalaba que los bancos actuaban conforme a la ley en el momento en que se firmaron dichas hipotecas.Aún suponiendo que los tribunales diesen la razón a las CCAA en todos los casos, éstas recuperarían ese dinero años después (con el enorme problema que eso supondría para sus finanzas) e incluso teniendo la razón, la experiencia en casos similares (cláusulas suelo) nos dice que gran parte de las reclamaciones se pierden por caducidad de los procedimientos de revisión.En resumidas cuentas, de haberse aplicado de forma retroactiva este criterio, el retorno del dinero habría sido, en el más probable de los casos, a costa de las arcas públicas.4 - ¿Con la nueva ley del PSOE, los ciudadanos pagarán menos?La reforma del reglamento aprobada este Sábado determina que son los bancos, y no sus clientes, los responsables de cargar con el pago del IAJD, ahorrando a los ciudadanos este pago.La traslación del impuesto, sin embargo, implica que los productos hipotecarios tienen ahora un mayor coste para los bancos, y como en cualquier otro negocio, si el precio del producto sube para el vendedor, éste se lo venderá más caro al cliente.La forma más obvia de revertir este coste sería a través de una mayor comisión de apertura. Sin embargo esta opción podría interpretarse legalmente como una traslación literal del impuesto de vuelva al prestatario, por lo que es poco probable que se adopte esta fórmula, y sí que lo repercutan en forma de tipos de interés más altos.La cosa se quedaría más o menos igual que estaba simplemente añadiendo al banco como intermediario en el cobro del impuesto, pero ojo porque hay dos diferencias importantes:

• El ciudadano se ahorra 20€ en el momento de la compra, pero pagará 3.600€ a lo largo de la vida de la hipoteca.
• El banco sube los tipos de interés, pero no gana más ni menos que antes de la reforma legal.
• El Estado gana mucho más dinero a través de impuestos.

La teoría económica proporciona resultados ambiguos con respecto a los efectos del SMI. Por un lado, en la medida en la que el SMI se ubique por encima de la productividad marginal de un trabajador, habrá una fuerte tendencia a despedir (o no contratar) a ese trabajador. Por otro lado, en presencia de mercados laborales monopsónicos, aumentos moderados del SMI podrían contribuir a elevar los salarios e incluso la ocupación. Uno esperaría que nuestros gobernantes hubiesen analizado cuáles van a ser los efectos económicos de semejante decisión.

El imperio de la indignación se ha implantado. El miedo se respira en cada rincón de la sociedad. Porque tememos más a un linchamiento digital que nos perseguirá de por vida, que a una orden judicial que pueda evaporarse con dinero. Ahora la censura no es vertical, proviene de abajo, del pueblo, no necesita un engranaje de poder. El oprimido, el pajillero de la indignación, adora tergiversar y destruir la libertad del que piensa de forma diferente. No hay más libertad que la suya.

La confesión ante la Guardia Civil tuvo lugar el martes. La propia joven, de 19 años, llamó por teléfono a la Guardia Civil para informar de la falsedad de la denuncia. Lo hizo después de haber sido llamada a prestar declaración en varias ocasiones y de haber tomado conciencia de que había caído en contradicciones que acabarían por poner su invención en evidencia. Temiendo las consecuencias, la joven decidió contar la verdad.

Aunque admito que el título quizá no sea muy elaborado, no he podido dejar pasar la casualidad del destino que ha hecho posible sintetizar con tan pocas palabras este concepto al que hace tiempo que vengo dando vueltas: La violencia de género es la nueva ETA.En nombre de la lucha contra ETA, en España se dictaron leyes bailando sobre la línea de la inconstitucionalidad, se usó a las víctimas como herramienta de presión política y se atacó ferozmente cualquier discrepancia con aquella forma de actuar etiquetando a cualquiera que no estuviese de acuerdo como “proetarra”.En nombre de la lucha contra la violencia de género se promulgan leyes que condenan distinto el mismo hecho en función del sexo del acusado y se crean tribunales específicos para juzgar exclusivamente a hombres, jugando tan al límite de la Constitución que la división sobre la legalidad de dicha medida fue patente entre los propios miembros del Tribunal Constitucional. Las mujeres asesinadas por sus maridos son arma arrojadiza para forzar cambios legislativos y justificar cualquier medida, como ocurriese en su momento con la AVT y, de idéntica manera, aquel que se atreva a poner en duda las formas empleadas será rápidamente catalogado como “machista”.Hablar del problema de las denuncias falsas se convierte en un tabú como lo fuera hablar de las torturas policiales, y en ambos casos afirmar que el problema existe y que es necesario ponerle solución te convierte automáticamente en simpatizante de los asesinos.En el fondo subyace el legítimo rechazo de una sociedad que no quiere tolerar la violencia, pero aparentemente incapaz de aplicar la razón y la mesura en sus reacciones, sin importarle saltarse las líneas rojas si es en nombre de una causa noble.Resulta desmoralizador ver a los mismos con quienes compartí la idea de que “contra ETA no todo vale” azuzando ahora los caballos de la ideología de género en su desbocada carrera por solucionar la violencia de género por lo civil o por lo criminal.Atrás quedaron esos días en que gente como Ignacio Escolar defendía que no podía forzarse el uso retroactivo de la ley para extender indefinidamente las condenas de los etarras, o que no podíamos tolerar que se imputasen de forma deliberada delitos inexistentes a De Juana Chaos para retenerle más tiempo del legal en prisión. Que aunque todos quisiésemos, en definitiva, que los terroristas cumpliesen penas más largas, el respeto a los derechos de los ciudadanos y la legalidad eran sagrados. Ahora sus medios son el altavoz de las voces más reactivas, defendiendo a capa y espada el retorcimiento de la ley hasta sus límites, atacando con ferocidad a cualquiera que ponga en duda la doctrina oficial sobre violencia de género, llamando al incumplimiento de una ley que garantiza que los menores no sean secuestrados por sus progenitores, o incluso defendiendo a autoras reconocidas de denuncias falsas.Curiosamente, mientras en su momento era la derecha quien no tenía problemas en pasar por encima del Estado de Derecho y acallar toda voz discrepante cuando hablábamos de ETA, es ahora la izquierda quien hace lo mismo sin sonrojarse lo más mínimo. Al menos podremos saber quiénes defendían honestamente la legalidad y la libertad de expresión y quiénes lo hacen sólo cuando sirve a su ideología.

Aunque admito que el título quizá no sea muy elaborado, no he podido dejar pasar la casualidad del destino que ha hecho posible sintetizar con tan pocas palabras este concepto al que hace tiempo que vengo dando vueltas: La violencia de género es la nueva ETA.En nombre de la lucha contra ETA, en España se dictaron leyes bailando sobre la línea de la inconstitucionalidad, se usó a las víctimas como herramienta de presión política y se atacó ferozmente cualquier discrepancia con aquella forma de actuar etiquetando a cualquiera que no estuviese de acuerdo como “proetarra”. En nombre de la lucha contra la violencia de género se promulgan leyes que condenan distinto el mismo hecho en función del sexo del acusado y se crean tribunales específicos para juzgar exclusivamente a hombres, jugando tan al límite de la Constitución que la división sobre la legalidad de dicha medida fue patente entre los propios miembros del Tribunal Constitucional. Las mujeres asesinadas por sus maridos son arma arrojadiza para forzar cambios legislativos y justificar cualquier medida, como ocurriese en su momento con la AVT y, de idéntica manera, aquel que se atreva a poner en duda las formas empleadas será rápidamente catalogado como “machista”.Hablar del problema de las denuncias falsas se convierte en un tabú como lo fuera hablar de las torturas policiales, y en ambos casos afirmar que el problema existe y que es necesario ponerle solución te convierte automáticamente en simpatizante de los asesinos.En el fondo subyace el legítimo rechazo de una sociedad que no quiere tolerar la violencia, pero aparentemente incapaz de aplicar la razón y la mesura en sus reacciones, sin importarle saltarse las líneas rojas si es en nombre de una causa noble.Resulta desmoralizador ver a los mismos con quienes compartí la idea de que “contra ETA no todo vale” azuzando ahora los caballos de la ideología de género en su desbocada carrera por solucionar la violencia de género por lo civil o por lo criminal. Atrás quedaron esos días en que gente como Ignacio Escolar defendía que no podía forzarse el uso retroactivo de la ley para extender indefinidamente las condenas de los etarras, o que no podíamos tolerar que se imputasen de forma deliberada delitos inexistentes a De Juana Chaos para retenerle más tiempo del legal en prisión. Ahora sus medios son el altavoz de las voces más reactivas, defendiendo a capa y espada el retorcimiento de la ley hasta sus límites, atacando con ferocidad a cualquiera que ponga en duda la doctrina oficial sobre violencia de género, llamando al incumplimiento de una ley que garantiza que los menores no sean secuestrados por sus progenitores, o incluso defendiendo a autoras reconocidas de denuncias falsas.Curiosamente, mientras en su momento era la derecha quien no tenía problemas en pasar por encima del Estado de Derecho y acallar toda voz discrepante cuando hablábamos de ETA, es ahora la izquierda quien hace lo mismo sin sonrojarse lo más mínimo. Al menos podremos saber quiénes defendían honestamente la legalidad y la libertad de expresión y quiénes lo hacen sólo cuando sirve a su ideología.

Como padre, me esfuerzo por educar a mi hija en igualdad lo mejor que puedo. Sería completamente absurdo que le repita a diario que todos somos iguales si luego le quiero llevar a un evento que le interesa y yo me tengo que quedar fuera porque soy hombre. Además de contraproducente, resultaría humillante tener que decirle que mi género me convierte en un peligro para el resto de asistentes.

Ignacio Echeverría atacó a los terroristas para intentar salvar a una mujer. Está en el cielo con su inseparable monopatín #héroeespañol

Mientras las autoridades británicas pedían ayer a la familia de Ignacio Echeverría, el español desaparecido tras el atentado de Londres, «24 o 48 horas más» para dar «información», la periodista y tía del joven, Isabel Durán, confirmó su muerte.

La supuesta víctima reconoció a la Policía Nacional que ella misma creó una cuenta de Instagram con el nombre y la foto de uno de los jóvenes investigados desde la que se envió a sí misma mensajes amenazantes. "Dejaron de comer, empezaron a mearse en cama, por las calles fueron perseguidos, un vecino de 40 años le pegó una paliza en la carretera, hubo partes de lesiones, en la zona del mirador le pusieron pintada de violadores fuera, mi hijo perdió a su novia.... A mis hijos le destrozó la vida"

Su barrio es pequeño y la noticia de la detención de los jóvenes corrió como la pólvora, de modo que desde septiembre han recibido todo tipo de insultos y el mayor de ellos incluso llegó a casa varias veces con lesiones porque le habían dado palizas en la calle. Además, en uno punto de reunión de la juventud del barrio aparecieron pintadas de "violadores fuera", se quedaron sin amigos y el menor incluso dejó el instituto porque se le hacía insoportable la presión social.

Hace unos días se publicaron los resultados del estudio Percepción de la violencia de género por la adolescencia y la juventud, realizado por Verónica de Miguel Luken y publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Lo que habría sido un excelente punto de partida para el debate científico y académico sobre la violencia en la pareja, ha sido aplastado por los medios de comunicación. Aparentemente no podemos tener ese debate, porque no se trata de averiguar la verdad para idear soluciones. Se trata de hacer política.