Las entidades bancarias recurrieron a los tribunales económico-administrativos las requisitorias sobre las cajas fuertes sin intervención judicial y alegaron que la búsqueda por la Inspección de Hacienda de información sobre los billetes de 500 (que es lo que buscaban) no justifica estos requerimientos, porque pueden guardarse en los domicilios y ello no conllevaría la justificación de la inspección a sus inquilinos o el registro de su vivienda, para lo que sería necesaria una orden judicial.
Parece ser que esos recursos van a llegar a buen puerto.
O sea que si por ejemplo, de acuerdo a tu situación económica tienes derecho a la justicia gratuita, y haces uso de ese DERECHO, eres antiespañol? Buff...