La nueva definición de "delitos de terrorismo" pactada por los dos partidos abre la puerta a perseguir conductas que nada tienen que ver con el yihadismo. Catedráticos de Derecho Penal creen que parar desahucios o tuitear sobre una protesta con disturbios podrían ser investigadas como terrorismo. Los delitos informáticos pueden convertirse en terroristas si desestabilizan "gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) hará llegar hoy a los Grupos Parlamentarios su rechazo al proyecto de reforma del Código Penal y, en particular, a las últimas modificaciones introducidas que, a juicio de la Plataforma suponen una restricción inaceptable de los derechos de libertad de expresión e información, como las que afectarán a asuntos como la intrusión en redes y sistemas informáticos o la simple consulta de sitios web sospechosos de apoyar terrorismo, penados con hasta ocho años de cárcel. Se vota hoy.
La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) ha vuelto a sufrir un ataque en su página web como protesta por la Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Segundos después de entrar en la página de AEDE, el usuario es derivado de manera automática a otras webs, previo paso por una imagen de la serie Bob Esponja.
Toshiba está celebrando en estos momentos su evento anual donde repasan lo que ha dado de sí 2014 y han soltado una noticia que muchos llevaban esperando: Netflix llega a España en 2015. Así se lo habría confirmado la propia compañía estadounidense a Toshiba, que nos lo acaba de comentar en boca de su nueva directora adjunta para España, Noemí Rodrigo, que también ha incidido en que los televisores 4K deben tener una importancia clave en el futuro del segmento.
Integrada por 18 entidades y profesionales, pretende hacer frente a las amenazas contra la libertad de expresión e información que se producen en la actualidad. Monitorizará y difundirá los ataques a la libertad de información, tanto contra periodistas y medios, como contra activistas, movimientos sociales o ciudadanos. Más información en la web libertadinformacion.cc.
'Entendemos que una de nuestras obligaciones es defender la libertad de expresión, no sólo de nuestros redactores, sino también de todos los lectores que dejan comentarios en nuestras publicaciones. Para nosotros lo fácil sería borrar el comentario o el artículo en cuestión. El impacto de hacerlo en tráfico o en ingresos es insignificante. Pero aún así, nos resistimos a hacerlo siempre que podemos. Esto es, siempre que pensamos que tenemos razón y que no se trata de un artículo o un comentario que infrinja las leyes.'
Los socialistas contemplan actuar contra los “usuarios de buena fe” en la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Sus propuestas refuerzan la Ley Sinde-Wert y fijan el Canon AEDE, medidas que afectan a todos los usuarios de internet. Las enmiendas a la Ley de Propiedad Intelectual han sido presentadas en el Senado que tramitará su aprobación a finales de octubre.
Guanyem Barcelona presentará denuncia en vía penal por la usurpación de sus signos distintivos. A través de medios de comunicación y redes sociales se ha difundido que un tal Luís Salom ha solicitado el registro de Guanyem Barcelona y Guanyem Valencia en la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria. Luis Salom es asesor del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Su petición tiene fecha del 3 de septiembre de 2014 e incluye el logotipo diseñado y utilizado por Guanyem Barcelona.
El Grupo Socialista ha propuesto en su paquete de enmiendas parciales a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que los beneficios económicos que la 'tasa Google' va a proporcionar a los editores se extiendan también a los periodistas que elaboran esas informaciones, así como a los fotógrafos de prensa. En cuanto a la compensación por copia privada, que la Ley establece que ésta se cargue en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el diputado socialista propone que lo pague quien obtiene el beneficio y perjudica.
El Relator Especial ONU sobre libertad de reunión considera que el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal y el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana apuntan a una vulneración de la propia esencia del derecho de manifestación. El Relator expresa grave preocupación sobre la actual redacción que califica de delito la mera resistencia pacífica, y también amenaza con socavar el derecho de manifestar pacíficamente al castigar a quienes difundan públicamente mensajes que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público.