Las reformas legislativas que alejan países como Turquía del acceso a la UE tienen elementos en común con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana española en contextos de vulneración de derechos humanos parecidos. En Hungría la regresión es peor.
En el caso Anonymous se interceptaron por la policía las conversaciones entre abogado y cliente. El Fiscal ha tenido acceso a toda la estrategia de la defensa, lo que en opinión de los abogados de los acusados es causa de nulidad del sumario.
El gobierno español está en pleno proceso de crear una base de datos masiva para identificar sospechosos de terrorismo. Se trata del Sistema de Registro de Nombres de Pasajeros o PNR, un proyecto rechazado por Europa en varias ocasiones y que, sin embargo, España está desarrollando. Y lo peor: puede vulnerar gravemente tu privacidad.
Cuatro años después de la detención de tres personas como presunta ‘cúpula’ de Anonymous en España, el fiscal pide penas que superan los cinco años de prisión por daños continuados y pertenencia a grupo criminal. El escrito del fiscal, fechado el pasado 11 de mayo de 2015, les imputa la responsabilidad de ataques informáticos que tumbaron, entre otras, la página web de la Junta Electoral Central (JEC) en mayo de 2011. Los daños causados fueron valorados en apenas 700 euros.
Con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la Policía podrá instalar software en los dispositivos electrónicos personales con el fin de investigar delitos menores en la red, bastando para ello que el presunto delito se haya cometido por medios electrónicos.
¿Trabajas online? Tienes tres meses para adaptarte a la ley (o ver tu empresa disuelta). A partir del próximo 1 de julio habrá muchos cambios en materia de delitos informáticos. Las compañías no serán responsables de los cometidos por sus trabajadores si cumplen con el artículo 31 del nuevo Código Penal, cuyo apartado 2.1 dispone que no lo serán si se ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, "modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control": auditoría de compliance.
Entre hoy y mañana se aprobará en el Senado un conjunto de reformas legales que suponen una grave amenaza para las libertades de información y expresión de periodistas y movimientos sociales, a juicio de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). Una opinión que comparten expertos de Naciones Unidas, ONG como Cáritas o Amnistía Internacional, colectivos de juristas y casi todos los partidos de la oposición. A continuación, explicación en 10 preguntas esenciales de los aspectos más relevantes de estas normas.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) denuncia las circunstancias que rodearon la detención del videoreportero Jaime Alekos en el desalojo de la vivienda sita en la calle Ofelia Nieto, 29, de Madrid, y exige que se depuren responsabilidades. Además, la PDLI no descarta otro tipo de acciones legales, pues los hechos podrían ser constitutivos de delito, al impedirse al periodista ejercer su derecho a transmitir información veraz.
Las organizaciones de derechos humanos responden al reto del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y demuestran por qué la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y el Código Penal vulneran los Derechos Fundamentales.
'Por un lado, puede llegar a castigar con penas muy elevadas actividades que no guardan ninguna relación con lo que cabe entender por terrorismo, por ejemplo “hackear” una web alterando su aspecto como forma de protesta, el envío masivo de correos, difundir consignas por Internet, consultar determinadas webs o paralizar un desahucio. Y, por otro, al considerarlas acciones terroristas, permite suspender derechos esenciales, interceptar comunicaciones sin orden judicial previa o detenciones de 5 días.'
La nueva definición de "delitos de terrorismo" pactada por los dos partidos abre la puerta a perseguir conductas que nada tienen que ver con el yihadismo. Catedráticos de Derecho Penal creen que parar desahucios o tuitear sobre una protesta con disturbios podrían ser investigadas como terrorismo. Los delitos informáticos pueden convertirse en terroristas si desestabilizan "gravemente el funcionamiento de una organización internacional.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) hará llegar hoy a los Grupos Parlamentarios su rechazo al proyecto de reforma del Código Penal y, en particular, a las últimas modificaciones introducidas que, a juicio de la Plataforma suponen una restricción inaceptable de los derechos de libertad de expresión e información, como las que afectarán a asuntos como la intrusión en redes y sistemas informáticos o la simple consulta de sitios web sospechosos de apoyar terrorismo, penados con hasta ocho años de cárcel. Se vota hoy.
La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) ha vuelto a sufrir un ataque en su página web como protesta por la Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Segundos después de entrar en la página de AEDE, el usuario es derivado de manera automática a otras webs, previo paso por una imagen de la serie Bob Esponja.
Toshiba está celebrando en estos momentos su evento anual donde repasan lo que ha dado de sí 2014 y han soltado una noticia que muchos llevaban esperando: Netflix llega a España en 2015. Así se lo habría confirmado la propia compañía estadounidense a Toshiba, que nos lo acaba de comentar en boca de su nueva directora adjunta para España, Noemí Rodrigo, que también ha incidido en que los televisores 4K deben tener una importancia clave en el futuro del segmento.
Integrada por 18 entidades y profesionales, pretende hacer frente a las amenazas contra la libertad de expresión e información que se producen en la actualidad. Monitorizará y difundirá los ataques a la libertad de información, tanto contra periodistas y medios, como contra activistas, movimientos sociales o ciudadanos. Más información en la web libertadinformacion.cc.