Conclusiones finales de los abogados David Bravo y Carlos Sánchez Almeida en juicio seguido contra acusados por facilitar la difusión ilícita de videojuegos.
'Hace varias semanas nos encontramos con una serie de cuentas que retuiteaban insistentemente los contenidos publicados por cierto usuario. Tras los primeros análisis se confirmó la sospecha: una nueva red de cuentas con perfil falso en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que emite spam de tipo político con la intención de favorecer al Partido Popular.'
La Sala Penal del Supremo señala que “hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad- y la organización de una estructura metódica, institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración sucesiva y escalonada de un número elevado de personas”. El Supremo fija 9 requisitos para que un club de cannabis no sea delito.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afina, tras su paso por el Senado, el control en lo que respecta a las investigaciones de los delitos informáticos. Con la nueva redacción, el agente encubierto en Internet necesitará “autorización específica” para poder intercambiar “por sí mismo” archivos ilícitos por su contenido. Antes de los cambios del Senado, en casos de material pedófilo existía el riesgo de que el agente encubierto incurriera en una incitación al delito, lo que hubiera sido inconstitucional.
Tras 9 años de proceso, el Juzgado Penal 12 de Valencia ha dictado sentencia absolutoria para el administrador de la web de enlaces P2P Zonaemule. La resolución judicial considera que no se dan los requisitos establecidos en el Código Penal vigente en 2006, momento en el que se inició el procedimiento, para condenar por delito contra la propiedad intelectual. Especialmente interesante es el fundamento jurídico 2º, donde se establecen las diferencias entre este caso y otros en los que se han dictado sentencias condenatorias.
La ley, aprobada en el Senado esta semana, permite a la Policía instalar troyanos e interceptar comunicaciones para investigar delitos informáticos. Delitos que ni la propia ley llega a definir.
El pasado julio un juzgado de Granollers, Barcelona, absolvió a un usuario acusado de descargar pornografía infantil en internet. Esta persona había accedido a través de redes P2P a un archivo con el nombre "Recetasfaciles.rar" creyendo que encontraría lo que el propio nombre indica, recetas. Pero no, en realidad se topó con algo mucho peor: pornografía infantil. La persona acabó detenida, con sus ordenadores requisados y teniendo que demostrar que no tenía ni idea de lo que se había intentado descargar.
Miguel era un interno del centro penitenciario. Cuentan que nació en Úbeda y que tenía 53 años. Ayer apareció muerto en la enfermería de la prisión. Cuando, a las 7:55 horas, los funcionarios comenzaron el recuento, se lo encontraron muerto en la cama. Llevaba en huelga de hambre desde mayo, que fue cuando entró en la cárcel. Había sido condenado por un delito de resistencia a la autoridad. Si todo marchaba bien, su estancia en la prisión debía de ser fugaz, ya que tenía que pasar 10 meses para cumplir su condena
Los troyanos presuntamente adquiridos a Hacking Team por CNI y Policía Nacional no se pueden utilizar en España hasta que no se apruebe la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las pruebas obtenidas pueden ser nulas.
Un juez tiene en ascuas al sector del libro español. Los libreros demandaron a Amazon por el uso ilegal de un cheque regalo en Sant Jordi hace dos años y aún esperan el veredicto de un juicio, donde los abogados de la multinacional pidieron que la sentencia se mantuviera en secreto.
Las reformas legislativas que alejan países como Turquía del acceso a la UE tienen elementos en común con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana española en contextos de vulneración de derechos humanos parecidos. En Hungría la regresión es peor.
En el caso Anonymous se interceptaron por la policía las conversaciones entre abogado y cliente. El Fiscal ha tenido acceso a toda la estrategia de la defensa, lo que en opinión de los abogados de los acusados es causa de nulidad del sumario.
El gobierno español está en pleno proceso de crear una base de datos masiva para identificar sospechosos de terrorismo. Se trata del Sistema de Registro de Nombres de Pasajeros o PNR, un proyecto rechazado por Europa en varias ocasiones y que, sin embargo, España está desarrollando. Y lo peor: puede vulnerar gravemente tu privacidad.
Cuatro años después de la detención de tres personas como presunta ‘cúpula’ de Anonymous en España, el fiscal pide penas que superan los cinco años de prisión por daños continuados y pertenencia a grupo criminal. El escrito del fiscal, fechado el pasado 11 de mayo de 2015, les imputa la responsabilidad de ataques informáticos que tumbaron, entre otras, la página web de la Junta Electoral Central (JEC) en mayo de 2011. Los daños causados fueron valorados en apenas 700 euros.
Con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la Policía podrá instalar software en los dispositivos electrónicos personales con el fin de investigar delitos menores en la red, bastando para ello que el presunto delito se haya cometido por medios electrónicos.
¿Trabajas online? Tienes tres meses para adaptarte a la ley (o ver tu empresa disuelta). A partir del próximo 1 de julio habrá muchos cambios en materia de delitos informáticos. Las compañías no serán responsables de los cometidos por sus trabajadores si cumplen con el artículo 31 del nuevo Código Penal, cuyo apartado 2.1 dispone que no lo serán si se ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, "modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control": auditoría de compliance.
Entre hoy y mañana se aprobará en el Senado un conjunto de reformas legales que suponen una grave amenaza para las libertades de información y expresión de periodistas y movimientos sociales, a juicio de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). Una opinión que comparten expertos de Naciones Unidas, ONG como Cáritas o Amnistía Internacional, colectivos de juristas y casi todos los partidos de la oposición. A continuación, explicación en 10 preguntas esenciales de los aspectos más relevantes de estas normas.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) denuncia las circunstancias que rodearon la detención del videoreportero Jaime Alekos en el desalojo de la vivienda sita en la calle Ofelia Nieto, 29, de Madrid, y exige que se depuren responsabilidades. Además, la PDLI no descarta otro tipo de acciones legales, pues los hechos podrían ser constitutivos de delito, al impedirse al periodista ejercer su derecho a transmitir información veraz.
Las organizaciones de derechos humanos responden al reto del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y demuestran por qué la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y el Código Penal vulneran los Derechos Fundamentales.
'Por un lado, puede llegar a castigar con penas muy elevadas actividades que no guardan ninguna relación con lo que cabe entender por terrorismo, por ejemplo “hackear” una web alterando su aspecto como forma de protesta, el envío masivo de correos, difundir consignas por Internet, consultar determinadas webs o paralizar un desahucio. Y, por otro, al considerarlas acciones terroristas, permite suspender derechos esenciales, interceptar comunicaciones sin orden judicial previa o detenciones de 5 días.'