Viernes 7 de octubre a las 12:00. Este Pregúntame ha sido una petición a través de |Entrevistas
Soy Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en delitos informáticos e Internet, colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona desde 1987. Desde principios de los años 90 he ejercido la defensa de personas acusadas por delitos informáticos en BBS e Internet, en especial en materia de revelación de secretos y propiedad intelectual.
Recientemente participé en la defensa del llamado caso Anonymous. He sido miembro de FrEE (Fronteras Electrónicas), organización orientada a la defensa de los derechos civiles en Internet, así como colaborador de diversos medios digitales.
En la actualidad soy director jurídico de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. En http://www.bufetalmeida.com puedes consultar sentencias de diferentes casos relacionados con internet donde he ejercido la defensa.

Un juzgado reconoce que el contenido ilegal se había colado entre sus archivos de porno adulto. Entre la cantidad ingente de vídeos pornográficos que el usuario tenía en la carpeta de descargas del programa eMule (9.217), los investigadores encontraron 23 de contenido pedófilo. Además, y según cuenta a EL ESPAÑOL el propio absuelto, contaba con más de 140.000 clips de porno adulto en otros discos duros que también fueron investigados. "Lo que he pasado es una pesadilla, la pornografía infantil es algo que abomino", explica.

La identidad de 10.000 agentes policiales en España ha sido revelada en los últimos días. ¿Está Anonymous detrás de estos ciberataques o son obra de un hacker solitario?

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) exige la inmediata puesta en libertad sin cargos de los titiriteros que continúan en prisión. En caso de que los titiriteros no salgan de inmediato de prisión, la PDLI se dirigirá al Consejo General del Poder Judicial, solicitándole que evalúe la actuación del juez del caso, por si pudiera haber incurrido en algún tipo de infracción o irregularidad.

"El enaltecimiento del terrorismo requiere de un factor subjetivo en la persona que comete el delito, con el objetivo de ensalzar, alabar, glorificar una conducta criminal. El hecho de representarla, por sí mismo, no es enaltecimiento, porque de lo contrario estaríamos hablando de que cualquier película de gángsters sería apología del asesinato", opina Carlos Sánchez, abogado del Bufete Almeida. ¿Puede existir un delito de opinión en una obra teatral? Sí, puede, pero su ponderación es más compleja, y su motivación glorificadora debe ser clara.

Tras 10 años de proceso, la Audiencia de Valencia resuelve definitivamente en el caso Zonaemule, confirmando la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Penal 12 de Valencia. La resolución judicial analiza las diferentes tendencias jurisprudenciales en la materia, diferenciando entre los casos de descarga directa frente a los de enlaces P2P, y considera que no se dan los requisitos establecidos en el Código Penal vigente en 2006, momento en el que se inició el procedimiento, para condenar por delito contra la propiedad intelectual.

La agresión física a los menores, incluso la leve, está castigada como delito en el artículo 153 del Código Penal desde la reforma que introdujo la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo, esta semana he visto con mis propios ojos como un padre propinaba una colleja a su hijo de diez años, por el único pecado de criticar los comentarios de audio de un videojuego de deportes. ¿La Fiscalía del Tribunal Suprem actuará contra Rajoy?

Por piratear una película, de seis meses a cuatro años de cárcel. De dos a seis años en los casos más graves, en los que el beneficio obtenido sea de "especial trascendencia económica”, entre otros motivos. Por cometer fraude para obtener una subvención, de uno a cinco años. Es lo que dice la legislación actual. Pero la ley deja margen para pedir la pena mínima o la máxima. ¿Se está actuando de forma proporcional en unos delitos y otros?

Conclusiones finales de los abogados David Bravo y Carlos Sánchez Almeida en juicio seguido contra acusados por facilitar la difusión ilícita de videojuegos.

'Hace varias semanas nos encontramos con una serie de cuentas que retuiteaban insistentemente los contenidos publicados por cierto usuario. Tras los primeros análisis se confirmó la sospecha: una nueva red de cuentas con perfil falso en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que emite spam de tipo político con la intención de favorecer al Partido Popular.'

La Sala Penal del Supremo señala que “hay un salto cualitativo y no meramente cuantitativo entre el consumo compartido entre amigos o conocidos -uno se encarga de conseguir la droga con la aportación de todos para consumirla de manera inmediata juntos, sin ostentación ni publicidad- y la organización de una estructura metódica, institucionalizada, con vocación de permanencia y abierta a la integración sucesiva y escalonada de un número elevado de personas”. El Supremo fija 9 requisitos para que un club de cannabis no sea delito.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afina, tras su paso por el Senado, el control en lo que respecta a las investigaciones de los delitos informáticos. Con la nueva redacción, el agente encubierto en Internet necesitará “autorización específica” para poder intercambiar “por sí mismo” archivos ilícitos por su contenido. Antes de los cambios del Senado, en casos de material pedófilo existía el riesgo de que el agente encubierto incurriera en una incitación al delito, lo que hubiera sido inconstitucional.

Tras 9 años de proceso, el Juzgado Penal 12 de Valencia ha dictado sentencia absolutoria para el administrador de la web de enlaces P2P Zonaemule. La resolución judicial considera que no se dan los requisitos establecidos en el Código Penal vigente en 2006, momento en el que se inició el procedimiento, para condenar por delito contra la propiedad intelectual. Especialmente interesante es el fundamento jurídico 2º, donde se establecen las diferencias entre este caso y otros en los que se han dictado sentencias condenatorias.

La ley, aprobada en el Senado esta semana, permite a la Policía instalar troyanos e interceptar comunicaciones para investigar delitos informáticos. Delitos que ni la propia ley llega a definir.

El pasado julio un juzgado de Granollers, Barcelona, absolvió a un usuario acusado de descargar pornografía infantil en internet. Esta persona había accedido a través de redes P2P a un archivo con el nombre "Recetasfaciles.rar" creyendo que encontraría lo que el propio nombre indica, recetas. Pero no, en realidad se topó con algo mucho peor: pornografía infantil. La persona acabó detenida, con sus ordenadores requisados y teniendo que demostrar que no tenía ni idea de lo que se había intentado descargar.

Miguel era un interno del centro penitenciario. Cuentan que nació en Úbeda y que tenía 53 años. Ayer apareció muerto en la enfermería de la prisión. Cuando, a las 7:55 horas, los funcionarios comenzaron el recuento, se lo encontraron muerto en la cama. Llevaba en huelga de hambre desde mayo, que fue cuando entró en la cárcel. Había sido condenado por un delito de resistencia a la autoridad. Si todo marchaba bien, su estancia en la prisión debía de ser fugaz, ya que tenía que pasar 10 meses para cumplir su condena

Los troyanos presuntamente adquiridos a Hacking Team por CNI y Policía Nacional no se pueden utilizar en España hasta que no se apruebe la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las pruebas obtenidas pueden ser nulas.

Un juez tiene en ascuas al sector del libro español. Los libreros demandaron a Amazon por el uso ilegal de un cheque regalo en Sant Jordi hace dos años y aún esperan el veredicto de un juicio, donde los abogados de la multinacional pidieron que la sentencia se mantuviera en secreto.

Las reformas legislativas que alejan países como Turquía del acceso a la UE tienen elementos en común con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana española en contextos de vulneración de derechos humanos parecidos. En Hungría la regresión es peor.

En el caso Anonymous se interceptaron por la policía las conversaciones entre abogado y cliente. El Fiscal ha tenido acceso a toda la estrategia de la defensa, lo que en opinión de los abogados de los acusados es causa de nulidad del sumario.

El gobierno español está en pleno proceso de crear una base de datos masiva para identificar sospechosos de terrorismo. Se trata del Sistema de Registro de Nombres de Pasajeros o PNR, un proyecto rechazado por Europa en varias ocasiones y que, sin embargo, España está desarrollando. Y lo peor: puede vulnerar gravemente tu privacidad.

Cuatro años después de la detención de tres personas como presunta ‘cúpula’ de Anonymous en España, el fiscal pide penas que superan los cinco años de prisión por daños continuados y pertenencia a grupo criminal. El escrito del fiscal, fechado el pasado 11 de mayo de 2015, les imputa la responsabilidad de ataques informáticos que tumbaron, entre otras, la página web de la Junta Electoral Central (JEC) en mayo de 2011. Los daños causados fueron valorados en apenas 700 euros.

Con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la Policía podrá instalar software en los dispositivos electrónicos personales con el fin de investigar delitos menores en la red, bastando para ello que el presunto delito se haya cometido por medios electrónicos.