Partiendo de la base que NUNCA, BAJO NINGÚN CONCEPTO Y EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, está justificado que un ser humano acabe con la vida de otro y por lo tanto no se puede justificar un atentado, sea cual fuere la época en que se cometió, un estado democrático como el actual no puede amparar sangrantes parodias de justicia como la que las que levaron a esas cinco personas al pelotón de fusilamiento.
Hace poco el País publicaba la noticia que a la viuda de uno de los fusilados, Luis Sánchez-Bravo, se le negaba acceder a los derechos de la Ley de Memoria Histórica basándose en la condena del tribunal que le juzgo. El mismo diario publicaba las condiciones en que fue juzgado: “los militares franquistas decidieron prescindir de los derechos de los acusados. Sánchez-Bravo era civil, pero el tribunal que lo juzgó pertenecía a la jurisdicción militar y se constituyó como tribunal de excepción. Se le aplicó un procedimiento sumarísimo con efecto retroactivo, ya que tenía su base legal en un decreto ley de 26 de agosto de 1975 sobre prevención del terrorismo, cuando el atentado del que le acusaban se había producido 10 días antes, el 16 de agosto. Los abogados que asumieron su defensa fueron sucesiva y sistemáticamente expulsados del consejo de guerra y sus funciones fueron suplantadas por un militar sin conocimientos jurídicos que nunca se había entrevistado con Sánchez-Bravo ni se había leído la causa. Tampoco tuvo asistencia letrada en las dependencias policiales donde fue torturado por la policía franquista. Ninguna de las pruebas que se propusieron para su defensa fue admitida, y la sentencia que le condenó a muerte fue tan inapelable que nunca pudo ser recurrida, porque no cabía recurso alguno. Todas y cada una de estas prácticas antijurídicas viola derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por España.“ Artículo Los dado trucados, El País 29 de junio de 2009.