El excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, condenado por el golpe de Estado del 23-F e imputado por una jueza argentina por torturas a militantes antifranquistas, está pendiente de que el juez Pablo Ruz ordene su detención, cuando se decida a cumplir la orden de Interpol que obliga a España a la búsqueda y captura del exmilitar y a entregarlo a la Justicia argentina. Interviú lo ha localizado. Sus víctimas relatan las torturas.

El coordinador federal de Izquierda Unida ha condenado este lunes "sin matices" el ataque perpetrado contra el Ayuntamiento de Beade (Orense), presidido por un alcalde que se define como franquista y que tiene en su despacho simbología de la época de la dictadura. Cayo Lara ha insistido en su rechazo a cualquier actividad violenta independientemente de quienes sean sus autores.

Intereconomía TV cierra en octubre. Le sustituirá una nueva cadena Inter TV que seguirá siendo de Julio Ariza y Luis Sans, pero que quiere empezar prácticamente de cero, dejando atrás todas las deudas de Intereconomía TV incluidas las laborales. De esta manera, Intereconomía TV desaparece para eludir sus obligaciones comerciales y para que su plantilla sea indemnizada por el FOGASA.

Asesorados por los violentos neofascistas de Grecia y Hungría, los ultras españoles han programado nuevas acciones agresivas hasta final del año. El asalto al Centro Cultural Blanquerna en Madrid fue el primero. Esta semana quemarán banderas independentistas catalanas en algún lugar de Madrid y tratan de reclutar voluntarios para una provocadora manifestación el 12 de octubre en Barcelona.Todo, mirando al milímetro el Código Penal para evitar multas y sanciones. Los ultras están crecidos.

La Comisión de Fomento del Congreso ha rechazado este miércoles, con el único voto en contra del PP, sendas iniciativas presentadas por el PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para pedir al Gobierno que permita renovar las ayudas de préstamos hipotecarios subsidiados que ya estaban concedidas y de las que se benefician ciudadanos que han pedido préstamos para comprar o rehabilitar viviendas de protección oficial. La decisión podría afectar a cerca de 300.000 ciudadanos que verían su hipoteca aumentar hasta en 400 euros más al mes