Desde este lunes ya es efectivo. En las empresas privadas, factorías y sectores de Grecia donde el trabajo no se circunscriba al horario funcionarial, pueden aplicar la semana de las seis horas. Primero se ofrecerá de modo voluntario a los trabajadores que quieran acogerse a ello a cambio de una mayor remuneración salarial, y a posteriori, si no se cubren todas las necesidades del sector, se aplicará aleatoriamente.

Alberto González Amador compró en 2020 a la esposa de Fernando Camino esa firma, sin empleados ni apenas actividad, tras ingresar dos millones por mediar en la venta de mascarillas a la gallega Mape, administrada por el mismo directivo de Quirón.

La periodista Silvia Intxaurrondo ha dado una auténtica lección a la ultraderecha con su reflexión sobre la figura de los menores no acompañados durante un debate en el programa que dirige cada mañana en TVE, La Hora de la 1. Sus palabras han desatado toda una ola de insultos y amenazas contra ella en redes sociales.

Los resultados de Jigsaw ofrecen una visión reveladora de la mentalidad digital de la generación Z. Mientras que las generaciones mayores se esfuerzan por verificar la información y citar las fuentes, los de la Z ni siquiera se molestan en hacerlo. Se limitan a leer los titulares y a desplazarse rápidamente a los comentarios para ver lo que dicen los demás. Dejan la determinación de la verdad y la importancia en manos de influencers de su misma opinión y confianza. Y si un artículo es demasiado largo, se lo saltan. Buscan no aburrirse.

La Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas, informa de que España ha presentado una declaración de intervención en el procedimiento, según el artículo 63 del Estatuto de la corte, esto es, no como parte demandante.

Colectivos ciudadanos llevan el concurso de adjudicación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para denunciar las irregularidades detectadas en el proceso al que solo concurrió una empresa.

Recordando que es una clase social “minoritaria y vulnerable”, diversos colectivos han pedido que los ataques verbales a los propietarios de piso que se juegan sus ahorros comprando inmuebles y arreglándolos para ofrecerlos como viviendas turísticas sean considerados un delito de odio.

La nueva denuncia contra 'Kichi', que declara en Cádiz, le acusa de permitir que un enviado de Podemos sin cargo alguno participara en contrataciones y gestiones