Elies Campo es uno de los investigados por la Audiencia Nacional desde hace unos años en las causas abiertas, que son secretas, contra el llamado 'CNI catalán', que pretendía hacer una 'República digital' como paso a la secesión, así como en la acusación contra los organizadores y activistas del Tsunami Democràtic por estar tras las numerosas protestas tras conocerse la sentencia contra los líderes del 1-O por sedición en 2019. Forma parte de The Citizen Lab, un grupo investigador de la Universidad de Toronto que publicó el informe Catalangate.
Comentarios
Bien que hacen. Ahora que se ha descubierto el pastel de que básicamente ha sido una performance catalafacha organizada sin pruebas reales (por eso hay cero denuncias hasta ahora y solo una publicity stunt)
A ver cuánto ha inventado el catalafacha este, que parece que bastante https://threadreaderapp.com/thread/1517996367939084288.html
La AN intentando atemorizar a los que no son de su palo político... lo normal en las democracias.
La pregunta es: ¿ha existido previamente unos fallos judiciales que permitiesen esos espionajes?
#1 Exacto
Parece que no los muestran
Estaran mal archivados
#1 Puede la policia ponerte una pistola en la boca para forzarte a que les des el PIN de tu telefono, si tienen una autorizacion judicial para acceder a tus tados ? Pues eso
Obviamente no puede haber un fallo judicial que permita Pegasus que es un software ilegal (malware), que compromete el dispositivo de la persona espiada.
Las escuchas se realizan pidiendole a la operadora que capture almacene y entregue los datos capturados de la persona escuchada.
Tener una autorizacion judicial para escuchar a alguien, no da licencia para usar cualquier metodo
#3 Desconozco si Pegasus podría o no ser aprobado como medio de espionaje por parte de un juez, tampoco es la única "herramienta" de espionaje que se usa con teléfonos móviles. Mucha de la información que se puede recopilar por estos softwares puede "exceder" de lo requerido para la investigación, pero exactamente lo mismo sucede con un micrófono o una cámara y no por ello son métodos ilegales por vulnerar derechos fundamentales.