Entrevista en el Faro de Vigo a Carlos Varela, Fiscal Superior de Galicia, donde aborda diversos temas que van desde la situación de la justicia y la corrupción, hasta el juício del Prestige, pasando por los regalos a políticos, la situación de la lengua gallega en la administración o el Estatuto de Autonomía de Galicia. En gallego, traducción en el segundo comentario.
- Este año se destaparon decenas de tramas de corrupción en distintas comunidades. El resultado: más de 700 causas abiertas por la Fiscalía General contra cargos públicos, 86 de ellas en Galicia. ¿Hay ahora más casos de corrupción o la Fiscalía investiga más?
Muchas denuncias hay que depurarlas porque son interesadas y están hechas en clave política. Algún caso ya fue archivado porque se comprobó que la denuncia no tenía fundamento o los hechos denunciados no constituían ilícito penal. Estamos en la fase de intentar aclarar los casos objeto de investigación y llegar a una conclusión. No podemos prejuzgar su resultado. En todo caso, decir, como ya apuntó el fiscal del Estado, que la corrupción afecta a un porcentaje baja de cargos electos. Con este tipo de comportamientos hay que ser inflexible, con independencia de la ideología de la persona o del partido al que pertenencia. El comportamiento corrupto hay que reprimirlo cuanto antes para evitar su generalización. Una vez aparecido es necesario investigarlo porque la sociedad padece con este tipo de comportamientos. ¿Como? Perdiendo su confianza en los cargos públicos.
- ¿El control de los partidos sobre sus cargos políticos pasa por la elaboración de un código de buenas prácticas?
Pienso que si. Un código ético es fundamental. El problema de los códigos éticos es hacer seguimientos. Cuando hay elementos suficientes de que un cargo público tuvo comportamientos desleales con su partido o con las finanzas públicas hay que actuar. Es una actuación preventiva, sin prejuicio de que después la Justicia determine sí eso constituye un ilícito penal. Lo que ocurre a veces es que, incluso no siendo ilícito penal, hay una actuación éticamente reprochable en términos de actuación política. Ese comportamiento, aunque no constituya delito, debe ser controlado desde el punto de vista del ámbito de la política y del partido al que le afecta.
- España es uno de los pocos países de la UE que no prohíbe o no pone límites a los obsequios a los políticos. ¿Se debería fijar por ley un tope sobre lo cueste de las dádivas a los cargos públicos?
Si. Nunca si sabe que intención persigue la persona que hace un obsequio. Una cosa es regalar algo que no tiene significación desde el punto de vista de su valor porque simplemente es algo simbólico. Pero otra cosa son los obsequios de carácter excesivo que, lógicamente, hay que pensar que buscan mover una voluntad en un determinado sentido. Cualquier que tenga capacidad de decisión y reciba un regalo, muchas veces es en consideración, precisamente, a esa capacidad de decisión que tiene. Ahí tiene que estar precavido y no aceptar obsequios que puedan comprometer su imparcialidad y objetividad.
– ¿En alguna ocasión ha recibido algún regalo que por su coste desmesurado lo había puesto en un apuro?
Nunca, nunca he recibido ningún regalo de esas características. Nunca.
–*¿Que* regalos rechazaría?
Todo lo que excediere de una atención puramente simbólica. Una botella de vino, por ejemplo, es una atención simbólica. Fuera de eso, yo no puedo recibir ninguna atención.
–*¿Ve* apropiado lo pago de comidas o viajes a políticos y cargos públicos?
Ese tipo de cuestiones deben ser contempladas en los códigos de buenas prácticas. Lo que esté dentro de cosas razonables y modosas y no comprometa nunca la imparcialidad de una decisión no debería tener inconveniente alguno. Pero todo lo que exceda de ese mínimo, debe ser rechazado porque la intención es buscar un trato de favor.
–*¿Una* comida, entraría en esos mínimos?
No me atrevería a decirlo. Habría que ver caso por caso.
–*¿A* Galicia le basta con un fiscal especializado en delitos urbanísticos o le hacen falta delegados de la Fiscalía Anticorrupción?
Para las actuaciones urbanísticas, de las que derivan fundamentalmente hechos de corrupción, son suficientes estos delegados. También tenemos los fiscales especializados en delitos económicos. Con la coordinación de ambos, estamos en condiciones de hacer frente a este tipo de delincuencia.
- En su agenda de prioridades estaba la creación de una policía especializada para investigar delitos urbanísticos. ¿Para cuando?
Hay unidades policiales que si encargan de estas materias. Lo que sucede es que en función de los asuntos que haya, estas unidades pueden verse desbordadas. Esto ya ocurrió en procesos preelectorales. Ese es un momento en el que si activan muchas denuncias y luego se comprueba que muchos no tienen razón de ser. Lo que es muy importante y conveniente es que las unidades que investigan delitos urbanísticos y económicos estén bien dotadas, con un número de miembros adecuado. En su día solicité al secretario de Estado de Interior que había suministrado al Seprona en Galicia con una policía especializada en delitos urbanísticos. En aquel momento se contestó que era necesario desplegar unidades del Seprona en otras comunidades autónomas que aún no si había hecho, pero que una vez cumplido ese trámite se abordaría la necesidad de potenciar los Sepronas. Es una petición que está ahí y que en cualquier momento puede ser satisfecha.
– No hace mucho se quejaba de la falta de inspectores urbanísticos.
En materia de urbanismo queremos contar también con el apoyo de la Agencia Gallega de Urbanismo. Sobre todo para conocer la realidad de determinados expedientes que le solicitan a los municipios y que estos, muchas veces, si dilatan en enviar la información.
– ¿Son suficientes los mecanismos de control urbanístico que si establecen desde la Xunta y los propios municipios?
La línea que siempre propuso la Fiscalía fue la de fortalecer los mecanismos de control internos por parte de los municipios a través figuras de los interventores y de los secretarios. Por lo que tengo observado, lo cree que si está en esa línea. Por parte de la Xunta, como le corresponde el control de la legalidad urbanística en la comunidad, tiene que haber un control a mayores en relación con determinados municipios o proyectos constructivos que resultan desmesurados. Con todos esos mecanismos de control, estaremos en disposición de dar respuesta a cualquier actuación irregular que si produzca en este campo.
- La Xunta dedicará en 2010 600.000 euros para la demolición de viviendas ilegales, un 25% más que este año. ¿La Fiscalía endurecerá las órdenes de demolición como mecanismo de disuasión para los posibles infractores?
La Fiscalía tiene que aplicar la legalidad. Hay un precepto legal que dice que hay que reponer la legalidad urbanística. Eso, muchas veces, hay que hacerlo a través de la demolición. Para reponer la legalidad urbanística, la Fiscalía solicitará siempre al juez del penal que si ordene en la sentencia la demolición de la construcción ilegal.
– El ministro de Justicia acaba de anunciar dos nuevos órganos judiciales para Galicia, que si sumarán a los 11 ya aprobados para 2010. ¿Basta con crear cada año juzgados si no si identifican los “cuellos de botella”?
Lo principal es hacer la demarcación del territorio y después el piso. Es importante establecer esa geografía de la Justicia adaptada a la realidad territorial, demográfica, socioempresarial y económica actual. Y desde ahí fijar en cada unidad territorial cuantos órganos judiciales necesitemos según el pueblo, los índices de conflictividad y su complejidad. La nueva realidad territorial de a la posibilidad de crear cabeceras de servicios públicos y, por tanto, en el terreno judicial también. Al mejor hay que tomar como base la realidad comarcal y su influencia. Esto lo haz ya el área sanitaria: la zona de Santiago, por ejemplo, atente a Lalín o A Estrada. Al mejor tenemos que romper el molde provincial. Una gran revolución van a ser a nuevas posibilidades de comunicación que permitirán a territorios tradicionalmente alejados que aparezcan muy bien comunicados. En términos de tiempo, eso se traducirá en un acceso rápido a los servicios públicos de ese área.
- Mientras no se acometa esa reforma de la demarcación y del piso judicial, ¿la Administración de la Justicia está condenada al atasco judicial que arrastra desde hace años?
Hay que actuar en muchos campos. Uno de ellos es ese. Pero también hay que mirar para dentro de la Justicia y ver como trabajamos. Cabe preguntarse si los métodos de trabajo son acuerdes con la demanda el número de litigios que estamos recibiendo. Hay que introducir nuevos métodos de gestión. La oficina judicial intenta eso para hacer frente al colapso. Y por supuesto, la implantación de las TIC (tecnologías de la información y conocimiento). La implantación de todo eso tiene que ayudarnos la que la Justicia sea más ágil en la respuesta.
– Una de sus propuestas para paliar el colapso es la mediación para los pleitos familiares o vecinales.
Es otra frente en la que hay que actuar. La Comisión Europea de Justicia ya nos ha advertido reiteradamente de que los países donde no hay sistemas alternativos de resolución de conflicto van a tener muchas dificultades para ponerse al día en el tema judicial. Hay muchos conflictos que llegan la jurisdicción porque no pueden ser llevados al juicio. Luego hay otro tipo de casos como son los que si producen en las relaciones familiares o de vecindario donde las personas están condenadas a seguir manteniendo una relación después del conflicto. Esos casos e
Comentarios
#0 No veo qué tiene de rara esa afirmación:
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=naci%F3n
3. f. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común.
Nadie puede rebatir eso.
- Este año se destaparon decenas de tramas de corrupción en distintas comunidades. El resultado: más de 700 causas abiertas por la Fiscalía General contra cargos públicos, 86 de ellas en Galicia. ¿Hay ahora más casos de corrupción o la Fiscalía investiga más?
Muchas denuncias hay que depurarlas porque son interesadas y están hechas en clave política. Algún caso ya fue archivado porque se comprobó que la denuncia no tenía fundamento o los hechos denunciados no constituían ilícito penal. Estamos en la fase de intentar aclarar los casos objeto de investigación y llegar a una conclusión. No podemos prejuzgar su resultado. En todo caso, decir, como ya apuntó el fiscal del Estado, que la corrupción afecta a un porcentaje baja de cargos electos. Con este tipo de comportamientos hay que ser inflexible, con independencia de la ideología de la persona o del partido al que pertenencia. El comportamiento corrupto hay que reprimirlo cuanto antes para evitar su generalización. Una vez aparecido es necesario investigarlo porque la sociedad padece con este tipo de comportamientos. ¿Como? Perdiendo su confianza en los cargos públicos.
- ¿El control de los partidos sobre sus cargos políticos pasa por la elaboración de un código de buenas prácticas?
Pienso que si. Un código ético es fundamental. El problema de los códigos éticos es hacer seguimientos. Cuando hay elementos suficientes de que un cargo público tuvo comportamientos desleales con su partido o con las finanzas públicas hay que actuar. Es una actuación preventiva, sin prejuicio de que después la Justicia determine sí eso constituye un ilícito penal. Lo que ocurre a veces es que, incluso no siendo ilícito penal, hay una actuación éticamente reprochable en términos de actuación política. Ese comportamiento, aunque no constituya delito, debe ser controlado desde el punto de vista del ámbito de la política y del partido al que le afecta.
- España es uno de los pocos países de la UE que no prohíbe o no pone límites a los obsequios a los políticos. ¿Se debería fijar por ley un tope sobre lo cueste de las dádivas a los cargos públicos?
Si. Nunca si sabe que intención persigue la persona que hace un obsequio. Una cosa es regalar algo que no tiene significación desde el punto de vista de su valor porque simplemente es algo simbólico. Pero otra cosa son los obsequios de carácter excesivo que, lógicamente, hay que pensar que buscan mover una voluntad en un determinado sentido. Cualquier que tenga capacidad de decisión y reciba un regalo, muchas veces es en consideración, precisamente, a esa capacidad de decisión que tiene. Ahí tiene que estar precavido y no aceptar obsequios que puedan comprometer su imparcialidad y objetividad.
– ¿En alguna ocasión ha recibido algún regalo que por su coste desmesurado lo había puesto en un apuro?
Nunca, nunca he recibido ningún regalo de esas características. Nunca.
–*¿Que* regalos rechazaría?
Todo lo que excediere de una atención puramente simbólica. Una botella de vino, por ejemplo, es una atención simbólica. Fuera de eso, yo no puedo recibir ninguna atención.
–*¿Ve* apropiado lo pago de comidas o viajes a políticos y cargos públicos?
Ese tipo de cuestiones deben ser contempladas en los códigos de buenas prácticas. Lo que esté dentro de cosas razonables y modosas y no comprometa nunca la imparcialidad de una decisión no debería tener inconveniente alguno. Pero todo lo que exceda de ese mínimo, debe ser rechazado porque la intención es buscar un trato de favor.
–*¿Una* comida, entraría en esos mínimos?
No me atrevería a decirlo. Habría que ver caso por caso.
–*¿A* Galicia le basta con un fiscal especializado en delitos urbanísticos o le hacen falta delegados de la Fiscalía Anticorrupción?
Para las actuaciones urbanísticas, de las que derivan fundamentalmente hechos de corrupción, son suficientes estos delegados. También tenemos los fiscales especializados en delitos económicos. Con la coordinación de ambos, estamos en condiciones de hacer frente a este tipo de delincuencia.
- En su agenda de prioridades estaba la creación de una policía especializada para investigar delitos urbanísticos. ¿Para cuando?
Hay unidades policiales que si encargan de estas materias. Lo que sucede es que en función de los asuntos que haya, estas unidades pueden verse desbordadas. Esto ya ocurrió en procesos preelectorales. Ese es un momento en el que si activan muchas denuncias y luego se comprueba que muchos no tienen razón de ser. Lo que es muy importante y conveniente es que las unidades que investigan delitos urbanísticos y económicos estén bien dotadas, con un número de miembros adecuado. En su día solicité al secretario de Estado de Interior que había suministrado al Seprona en Galicia con una policía especializada en delitos urbanísticos. En aquel momento se contestó que era necesario desplegar unidades del Seprona en otras comunidades autónomas que aún no si había hecho, pero que una vez cumplido ese trámite se abordaría la necesidad de potenciar los Sepronas. Es una petición que está ahí y que en cualquier momento puede ser satisfecha.
– No hace mucho se quejaba de la falta de inspectores urbanísticos.
En materia de urbanismo queremos contar también con el apoyo de la Agencia Gallega de Urbanismo. Sobre todo para conocer la realidad de determinados expedientes que le solicitan a los municipios y que estos, muchas veces, si dilatan en enviar la información.
– ¿Son suficientes los mecanismos de control urbanístico que si establecen desde la Xunta y los propios municipios?
La línea que siempre propuso la Fiscalía fue la de fortalecer los mecanismos de control internos por parte de los municipios a través figuras de los interventores y de los secretarios. Por lo que tengo observado, lo cree que si está en esa línea. Por parte de la Xunta, como le corresponde el control de la legalidad urbanística en la comunidad, tiene que haber un control a mayores en relación con determinados municipios o proyectos constructivos que resultan desmesurados. Con todos esos mecanismos de control, estaremos en disposición de dar respuesta a cualquier actuación irregular que si produzca en este campo.
- La Xunta dedicará en 2010 600.000 euros para la demolición de viviendas ilegales, un 25% más que este año. ¿La Fiscalía endurecerá las órdenes de demolición como mecanismo de disuasión para los posibles infractores?
La Fiscalía tiene que aplicar la legalidad. Hay un precepto legal que dice que hay que reponer la legalidad urbanística. Eso, muchas veces, hay que hacerlo a través de la demolición. Para reponer la legalidad urbanística, la Fiscalía solicitará siempre al juez del penal que si ordene en la sentencia la demolición de la construcción ilegal.
– El ministro de Justicia acaba de anunciar dos nuevos órganos judiciales para Galicia, que si sumarán a los 11 ya aprobados para 2010. ¿Basta con crear cada año juzgados si no si identifican los “cuellos de botella”?
Lo principal es hacer la demarcación del territorio y después el piso. Es importante establecer esa geografía de la Justicia adaptada a la realidad territorial, demográfica, socioempresarial y económica actual. Y desde ahí fijar en cada unidad territorial cuantos órganos judiciales necesitemos según el pueblo, los índices de conflictividad y su complejidad. La nueva realidad territorial de a la posibilidad de crear cabeceras de servicios públicos y, por tanto, en el terreno judicial también. Al mejor hay que tomar como base la realidad comarcal y su influencia. Esto lo haz ya el área sanitaria: la zona de Santiago, por ejemplo, atente a Lalín o A Estrada. Al mejor tenemos que romper el molde provincial. Una gran revolución van a ser a nuevas posibilidades de comunicación que permitirán a territorios tradicionalmente alejados que aparezcan muy bien comunicados. En términos de tiempo, eso se traducirá en un acceso rápido a los servicios públicos de ese área.
- Mientras no se acometa esa reforma de la demarcación y del piso judicial, ¿la Administración de la Justicia está condenada al atasco judicial que arrastra desde hace años?
Hay que actuar en muchos campos. Uno de ellos es ese. Pero también hay que mirar para dentro de la Justicia y ver como trabajamos. Cabe preguntarse si los métodos de trabajo son acuerdes con la demanda el número de litigios que estamos recibiendo. Hay que introducir nuevos métodos de gestión. La oficina judicial intenta eso para hacer frente al colapso. Y por supuesto, la implantación de las TIC (tecnologías de la información y conocimiento). La implantación de todo eso tiene que ayudarnos la que la Justicia sea más ágil en la respuesta.
– Una de sus propuestas para paliar el colapso es la mediación para los pleitos familiares o vecinales.
Es otra frente en la que hay que actuar. La Comisión Europea de Justicia ya nos ha advertido reiteradamente de que los países donde no hay sistemas alternativos de resolución de conflicto van a tener muchas dificultades para ponerse al día en el tema judicial. Hay muchos conflictos que llegan la jurisdicción porque no pueden ser llevados al juicio. Luego hay otro tipo de casos como son los que si producen en las relaciones familiares o de vecindario donde las personas están condenadas a seguir manteniendo una relación después del conflicto. Esos casos e
Ohhhhh ¡¡¡¡ "Nación", la palabra prohibida ¡¡¡¡¡¡¡