Estado de la carrera investigadora en España. [C&P] En 2006 más del 50% de las convocatorias se retrasaron o no se llegaron a publicar, impidiendo a los investigadores tener una idea clara de los tiempos de solicitud y resolución. Durante la etapa predoctoral más de un 70% de los investigadores carecen de derechos laborales plenos, y más del 10% de los titulados superiores que investigan se encuentran sin remuneración regulada y con gran desprotección. Rel: Situación insostenible para los becarios
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El panorama pone en evidencia que la carrera investigadora está por desarrollar o no existe, que la gestión y la planificación es inadecuada y que la participación del sector empresarial es nimia en proporción a la que se lleva a cabo en el sector público.
De un modo taxativo se pone de manifiesto que la trayectoria investigadora temprana en las universidades se caracteriza por la desregulación, la desigualdad y la inseguridad jurídica; siendo para el colectivo de personal investigador contratado el ámbito de regulación más adecuado –hasta la fecha– el mediado por negociación en Convenio Colectivo, una vez asumida la diversidad de reglamentaciones, estatutos universitarios y bases de convocatorias dispares existentes, o lo que es más grave, la simple ausencia de una regulación de ley adecuada.
“las condiciones de precariedad de la práctica totalidad de los investigadores hacen que esta carrera sea totalmente desalentadora y se produzca la fuga de los mismos a la empresa privada o bien a otros centros de investigación de fuera del país.”
En definitiva, el sistema español de ciencia genera un número mucho mayor de doctores de los que es capaz de absorber, lo que se traduce en una competencia muy alta, donde la media de edad de estabilización en un centro de I+D público es de 40 años, “lo cual supone un signo de frustración, desmotivación y desilusión para todos aquellos que comienzan a investigar.” (Ídem, p.177)
A nivel particular, el estudio destaca la urgencia en la unificación de todas las posibles situaciones de regulación y cobertura. También concluye que una supuesta carrera investigadora no puede ordenarse en función de una endeble concatenación de convocatorias, sino que debe responder a un diseño por fases en el que se ascendiera mediante el cumplimiento de objetivos diferenciados en cada nivel.
Un estudio reciente (Meri, 2008) situaba a España como el país con un mayor crecimiento en recursos humanos en investigación senior (mayores de 45 años), y también señalaba nuestro país ostenta el dudoso honor de ser el segundo por la cola en cuanto al porcentaje de desempleo de los recursos humanos en investigación, con un abultado dato de desempleo en la franja más joven.
Otros organismos que han hecho públicas sus opiniones respecto a la carrera investigadora fueron la Asociación de Empresas Biotecnológicas –de la que ha sido presidenta la actual ministra de Ciencia e Innovación– y la Fundación COTEC. En el informe ASEBIO 2003 se identificaba con claridad un punto negro en el desarrollo del sector, afirmando que "otro de los grandes problemas del entorno de I+D Biotecnológico es la ausencia de una carrera científica con oportunidades y la consiguiente pérdida de capital intelectual por fuga de cerebros” (ASEBIO, 2003, p. 111).
Otro de los empeños legislativos de ordenamiento de la carrera investigadora lo ha constituido la presentación de la Proposición de Ley Reguladora del Estatuto del Personal Investigador (BOCG), del Grupo Mixto, que intentaba regular los inicios de la trayectoria investigadora con el reconocimiento de la profesión desde el mismo comienzo del postgrado, así como la participación en órganos decisorios y la mejora de las condiciones laborales y salariales. En la actualidad sigue en tramitación.
También por los criterios establecidos para asignar un determinado número de contratos por convocatoria durante las distintas fases de la trayectoria investigadora. Por ejemplo, en la última convocatoria Ramón y Cajal (2008) se ofertan 245 contratos, ¿por qué? ¿Bajo qué premisa se decidió que fueran 245 y no 500? ¿En función del número de doctores emigrados? ¿En función de los doctores generados? ¿En función del resto de convocatorias existentes? En el preámbulo de la resolución se señala que se ejecutan con "el objetivo de promover el aumento de los recursos humanos dedicados a I+D e innovación en España" (BOE núm. 50, 2008, p. 11767). ¿Con 245 de una población anual mínima de 7.500 doctores?, ¿245 para toda España? Son muchas las dudas que surgen al respecto.
#2 nunca mejor dicho, y lo seguirá siendo aún por muchos años mientras nuestros gobiernos sigan aplicando la vieja máxima del Panem et circenses.
Investigar es llorar