Comparado con la alternativa parlamentaria, el Gobierno de coalición parece erigirse como el adalid sensato en la lucha contra el COVID-19 gracias a la mayor decisión en las medidas adoptadas o en la mesura de sus palabras en comparación, pero las acciones en la Administración muestran otro espíritu y para el ojo bien entrenado no todo es lo que parece.
Ahora que Madrid y sus impopulares medidas están de actualidad, me parece muy interesante sacar a relucir algunos datos y acciones para que cada uno saque sus conclusiones en esto de la gestión de la pandemia. Y lo que aquí traigo no es más que un alfiler de muestra, eso sí, de un colectivo proporcionalmente numeroso, que no es otro que el de los funcionarios del Estado en Madrid. Y me voy a centrar en aquellos que trabajan en la oficina, que en el imaginario popular son los de los dos cafés en la mañana, el desayuno, y la charleta ;-).
Soy uno de ellos. Trabajo como Administrativo de la Administración General del Estado en un Ministerio. El funcionariado de este tipo en Madrid, según datos del Registro Central de Personal a fecha de enero de 2020 consta de aproximadamente 82000 funcionarios.
También hay que resaltar que entre estos funcionarios, sobre todo en los niveles más bajos, hay mucha precarización, y por lo tanto somos potenciales vecinos del extrarradio, usuarios del transporte público y moradores de pequeñas viviendas.
Cronológicamente os puedo decir que, particularidades aparte, y analizando mi situación, la de los compañeros y contactos que tengo de otros organismos, la cosa ha ido más o menos como cuento a continuación.
El ya lejano 13 de marzo, el Gobierno decretó el estado de alarma por la emergencia sanitaria por coronavirus. Se prorrogó varias veces hasta su fin el pasado 21 de junio. Durante este periodo de confinamiento y pérdidas irreparables, los funcionarios de la AGE, excepciones aparte, tuvimos que teletrabajar al 100%, en muchos casos con medios propios. En otros casos supusieron inactividad. Otros hacer lo que pudieran con niños o mayores dependientes en casa. Esto que os cuento es bien conocido por muchos de vosotros.
El Gobierno usó el teletrabajo de forma “responsable” durante el estado de alarma. Una vez terminado y habiéndose sacudido las pulgas en los gobiernos autonómicos para evitar más desgaste parece haber tomado el camino de la venganza contra sus rivales del arco parlamentario, aquellos que medraban a cualquier precio mientras estábamos encerrados en casa.
Mientras el Ministerio de Trabajo establecía como preferente la opción de teletrabajo siempre y cuando fuera posible hasta el 21 de septiembre (art.5 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824), el Ministerio de Función Pública decidió liquidar esa posibilidad ya incluso a primeros de mayo.
Se apresuraron los diferentes organismos dependientes de la AGE para adaptarse a la nueva normalidad siguiendo y citando sus propias palabras, “las directrices de Sanidad y Función Pública”, curiosamente no las de Trabajo. Será que debe de haber un gen que se adquiere al tomar posesión que diferencia biológicamente al funcionario del trabajador por cuenta ajena y lo hace inmune al COVID-19...
El resultado fue que los funcionarios volvían al presencialismo del 80% de la jornada semanal, mientras podían seguir teletrabajando un 20% con la excepción de funcionarios con menores o dependientes a cargo o colectivos de riesgo por patologías previas o por edad. Todo ello inmediatamente después de levantarse el estado de alarma.
Por lo que conozco de primera mano, no se ha conjugado estos porcentajes para planificar la no concurrencia de trabajadores a la vez, o la coincidencia de los mismos grupos, cosa que entiendo que puede ayudar a controlar los contagios. Además y siempre hablando por lo que oigo de compañeros de otros organismos y por lo que veo en el mio propio se han tomado más medidas dónde se está de cara al público habiendo quedando todo como estaba en dónde sólo entra personal sin esas labores. Y por supuesto, por parte de la Administración, en ningún momento se ha individualizado esta medida valorando qué puesto de trabajo se puede hacer a distancia y cuál no. Lo que sí se ha hecho, pero de manera general, es endurecer las condiciones que te califican como contacto estrecho de un infectado.
Pero vamos a atribuirle un “mérito” a estas medidas abrazadas. Han dividido por completo al funcionariado, ya bastante segregado de por sí en cuerpos y niveles. Y este hecho último hace que ya se esté invitando e incluso se rumorea que estudiando de forma oficial el hacer volver a la presencialidad a aquellos que tienen menores a cargo, por poder ya dejar a sus pequeños en los colegios y guarderías, que si no se hace efectiva es por el rápido cambio del curso de la pandemia.
Mención aparte merecen los sindicatos constituidos en la Administración General del Estado que han sido los grandes ausentes o que se han atribuido medallas de dudoso valor cuando la salud de sus representados estaba en juego. Un apunte, en lo que llevamos de pandemia sólo he recibido dos correos con información sindical, menos de la mitad de las secciones sindicales constituidas en mi organismo.
De hecho, hasta el personal dependiente de la Comunidad o el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto de una forma más escalonada con un teletrabajo del 60%-40%, por lo que tengo entendido.
http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Nuevos-detalles-teletrabajo-empleados-Madrid-9-2252864693--20200724123628.html%20" target="_blank" class="content-link external" style="color: rgb(14, 170, 116)">http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Nuevos-detalles-teletrabajo-empleados-Madrid-9-2252864693--20200724123628.html
Por ello se puede decir abiertamente que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que sus 82000 funcionarios de oficina sigan en la rueda de los desplazamientos y atravesando zonas confinadas por Madrid precisamente en el peor momento posible. Hecho que me parece mucho más determinante (y numeroso) que el utilizado torticeramente por sus rivales del ya famoso “8M”.
Un hecho me ha quedado claro durante la pandemia. En mi opinión, los partidos del arco parlamentario están más pendientes de no perder votos que de perder ciudadanos por el camino.