El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto por el que se creó el protocolo de intervención de la UME, aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de marzo de 2007. La correspondiente sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo declara nulo de pleno derecho el citado decreto y da la razón al Gobierno autonómico vasco, que interpuso el recurso contra el Ejecutivo central al considerar que con esa norma invadía sus competencias en materia de protección civil y seguridad jurídica.