A continuación dejamos toda la información sobre los pases del documental de manera actualizada

“El miedo de las personas responsables” que atendían los centros y “la falta de recursos” impactó en la Operación Balmis, que además tuvo que desviar sus mejores recursos y médicos del Ejército para la “obra faraónica” del hospital de campaña en Ifema, según un dosier interno al que ha tenido acceso elDiario.es. “La evolución de la situación de las residencias de mayores en Madrid, llevó a adoptar la medida de no asignar o asignar cometidos mínimos al Batallón de la UME con base en Madrid en Extremadura y Castilla-La Mancha".

Marta Bernardo ha preguntado en su turno de palabra sobre lo ocurrido en las residencias de mayores madrileñas durante la primera ola de la pandemia. "¿Cómo es posible que esta Asamblea haya vetado hasta en cinco ocasiones en los últimos años que se celebrara una comisión de investigación para saber la verdad de lo ocurrido con las 7291 personas fallecidas en las residencias?", ha demandando Bernardo. Sin embargo, apenas ha podido terminar la frase porque, en seguida, la presidenta de la comisión la ha interrumpido llamándola a la cuestión

Los datos oficiales de la propia Comunidad de Madrid revelan que hubo más de 7.291 víctimas. Tras más de 300 querellas, sin embargo, todavía no existe una sola condena. El PP sigue empeñado en censurar y vetar todo intento de transparencia.

(Visible en modo lectura) Carlos Mur, ex alto cargo del Gobierno de Ayuso imputado en el ‘caso residencias’, había aparecido en el cartel de dos conferencias en el Colegio de Médicos de Madrid. “Nos parece deleznable el trato, no solo de la Comunidad de Madrid, sino también del Colegio de Médicos, que nos extraña que no supiera de su implicación en las muertes de las residencias”.

Los afectados, hijos de residentes que no fueron hospitalizados en Madrid, piden indemnizaciones al Ministerio de Sanidad y a la Comunidad de Madrid de entre 60.000 y 200.000 euros

El hijo es quien ha presentado la demanda, tras el fallecimiento de sus padres en marzo y en abril de 2020 en sus domicilios, sin haber recibido atención médica, "como consecuencia de la aplicación de los protocolos de exclusión elaborados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso", presidenta de la Comunidad de Madrid, según ha expresado la asociación. Estos protocolos son conocidos como los "protocolos de la vergüenza"

Esta semana se cumplen 2.000 días desde que comenzó el conteo que miles de familias de la Comunidad de Madrid jamás hubieran querido llevar: el tiempo transcurrido desde la publicación de los conocidos protocolos de la vergüenza. Unas directrices que negaron a 7.291 personas el traslado a un hospital durante la primera ola de la pandemia. Desde entonces, cada familia de las víctimas suma días a una cuenta que sigue creciendo entre el silencio y la falta de respuestas.

La investigación sobre las muertes en las residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia se reiniciaba hace cosa de diez días en la Eurocámara. El Parlamento Europeo estaba dispuesto a profundizar en los conocidos como protocolos de la vergüenza que impidieron la derivación de miles de personas a hospitales durante los primeros meses de pandemia. Sin embargo, todo tendrá de algún modo que volver a empezar después de que el Partido Popular Europeo (PPE) haya votado en contra.

"Desde Marea de Residencias tenemos motivos para pensar que la orden viene directamente desde la presidencia de la Comunidad de Madrid porque en Arroyomolinos se encuentra el ala más radical y cercano a la presidenta quien como sabemos quiere silenciar cualquier acto que haga referencia a lo ocurrido durante la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid"

Más Madrid pidió en la Asamblea que la cadena pública muestre la cinta 7.291, pero el ente defiende su derecho a anunciar su programación cuando considere

"Al no haber responsables, nadie se preocupa. Si volviera una pandemia, volvería a pasar lo mismo, quizás peor", lamenta. La indignación se mezcla con el cansancio. "Seguimos sin entender cómo las instituciones pueden mirar hacia otro lado. Es la mayor vulneración de derechos que ha ocurrido en democracia, y parece que no pasa nada. Esa cifra esconde el dolor de miles de familias y la vergüenza de una sociedad que no quiso reaccionar ante una barbarie que nos perseguirá en la historia"