Estas palabras son inadmisibles en una sociedad democrática y suponen una grave falta de respeto hacia las mujeres, hacia su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y hacia las y los profesionales sanitarios que garantizan este derecho dentro del sistema público. Una muestra más del deterioro ético y político de una administración que antepone la ideología y el fanatismo moral a la salud pública y los derechos fundamentales. El registro de objetores no es un capricho ni una imposición ideológica: es una obligación legal (...)