• Junio 2019, ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, con respuesta negativa porque “no se aportan datos indiciarios mínimos de infracción penal”. • Junio de 2019, ante la CNMC, con respuesta negativa porque “no tiene competencia sancionadora con la Administración Pública”. • En septiembre de 2019, ante el Tribunal de Cuentas, con repuesta negativa porque “solicita escrito concretando los hechos e infracciones públicas y la cuantía de los daños y perjuicios en las actas públicas”.
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