Durante los años 1821 y 1822 se siguió acuñando moneda a nombre de Fernando VII en las distintas Casas de Moneda del Virreinato de Nueva España. La razón de ello, a pesar de la firma del Acta de Independencia el 28 de septiembre de 1821, se debe a una razón jurídica. Tanto el Pacto de Iguala como los Tratados de Córdoba definían a México como un Imperio, en el que el monarca español o alguno de los miembros de su dinastía seguiría siendo el soberano, y hasta su aceptación y coronación un Consejo de Regencia ejercería el poder ejecutivo.