La Generalitat Valenciana ha admitido en una respuesta parlamentaria que la elevación del mínimo exento de 500.000 euros a un millón de euros en la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio supondrá una merma de casi 61 millones para las arcas públicas valencianas. Un “ahorro fiscal”, en palabras del Consell, que defiende la medida aprobada por PP y Vox en las Corts Valencianes durante la tramitación presupuestaria de este año.
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