Si el señor portavoz municipal cree honradamente que la Mezquita de Córdoba es un bien de dominio público, podría elevar al señor ministro de Justicia una petición fundamentada sobre el deber del Estado en impedir la apropiación ilegítima de un tesoro esencial del patrimonio común. Fue el señor Sánchez quien anunció solemnemente que su Ejecutivo iba a realizar las “modificaciones legislativas oportunas” para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados “indebidamente por la Iglesia”. Por ejemplo, la Mezquita Catedral de Córdoba.