Un juez federal ordenó la liberación de más de 600 personas arrestadas como parte de la ofensiva inmigratoria del Gobierno de Trump en Illinois, según la filial de CNN WLS, asestando un golpe a los esfuerzos federales por detener y deportar a la mayor cantidad posible de personas indocumentadas.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que no quiere inmigrantes somalíes en Estados Unidos y señaló ante los periodistas que deberían "volver al lugar de donde vinieron" y que "su país no es bueno por una razón". "No los quiero en nuestro país, seré sincero con ustedes", afirmó durante una reunión del gabinete el martes. Trump dijo que Estados Unidos iría "por mal camino si seguimos acogiendo basura en nuestro país".

Agentes federales se desplegaron por la ciudad más grande de Carolina del Norte durante el fin de semana, arrestando a más de 130 personas en las primeras 48 horas de una ofensiva migratoria que ha provocado protestas y la oposición de los líderes locales. Greg Bovino, comandante general al frente de la operación para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), aseguró en una publicación en redes sociales el domingo que sus agentes “golpearían Charlotte como una tormenta”.

La agencia dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza realizaban “operaciones de control migratorio cerca de la Calle 26 y la Avenida Kedzie en Chicago, Illinois, cuando un hombre desconocido que conducía un Jeep negro disparó contra los agentes y huyó del lugar”. “Un número desconocido de agitadores también arrojó una lata de pintura y ladrillos a los vehículos de la Patrulla Fronteriza”, indica el comunicado.

Que incluyen operaciones de vigilancia física en más de un millón de hogares. La agencia lo describe como “investigación de localización mejorada”, que contempla la recopilación de fotos y documentos que verifiquen el lugar de residencia o empleo de los inmigrantes, incluidos recibos de servicios públicos y otros registros. La agencia cuenta con una “lista de direcciones” que abarca 1,5 millones de domicilios, y los proveedores contratados por el gobierno recibirían lotes de 50.000 casos cada uno para rastrear, según los documentos.

Que los indígenas sean acosados por los funcionarios de inmigración, que se cuestione su condición de ciudadanos o que sean objeto de burlas por parte de los troles en Internet, que dicen que «hay que enviarlos a casa», pone de manifiesto la falta de educación sobre los pueblos indígenas por parte de una gran parte de la población. Los planes propuestos para eliminar o reformar el sistema educativo de manera que se ignore la historia real de los nativos americanos no ayudarán a mejorar esta situación.

La autoridad regulatoria de caza y pesca de Luisiana es una de las más de 1.000 agencias estatales o locales que se han asociado con las autoridades de inmigración este año. Según documentos obtenidos por WIRED mediante solicitud de registros públicos, LDWF firmó un memorando de entendimiento con ICE en mayo de este año para detener a gente sospechosa de contravenir leyes de inmigración. Desde entonces, al menos seis personas detenidas por LDWF fueron puestas bajo custodia de ICE.

Un juez federal falló el martes que los agentes de inmigración en Colorado sólo pueden hacer arrestos sin una orden judicial si creen que es probable que las personas que van a arrestar huyan.