Si el Estado rompe el acuerdo que a Florentino tanto le costó conseguir y para el cual se ganó las influencias de esos diez ministros de PP y PSOE, la indemnización será sufragada por los usuarios del gas a través de la tarifa porque Castor recibe como retribución financiera y amortización de la inversión 180 millones de euros al año y otros 70 millones por el almacenamiento y el gas colchón inicial que necesita (y que paga el Estado y no la empresa).
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