Cáritas Diocesana de Barcelona pide al Gobierno que retire su Anteproyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas y en su lugar ponga en alquiler social público las viviendas de entidades financieras intervenidas o ayudadas por el Estado. Propone que se pague un máximo de 200 euros/mes por este alquiler social cuya duración mínima sería de 10 años.
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