Los responsables de los servicios tienen un plazo de 48 horas, para llevar a cabo la retirada voluntaria de los contenidos señalados que pudieran resultar ilícitos por vulnerar derechos de propiedad intelectual o, en su defecto, la presentación de alegaciones y la propuesta de pruebas que estimen oportunas. De no retirarse los contenidos, y tras esa breve fase de alegaciones, los procedimientos iniciados continuarán para dar lugar, en unos días, a las resoluciones administrativas que procedan...
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