Durante cerca de cincuenta años se aplicó en España la Ley de Vagos y Maleante, una ley concebida como medida de seguridad predelictual que hoy sería marcadamente inconstitucional. La primera Ley fue promulgada en 1933 por el presidente del Gobierno Manuel Azaña. Se creó un catálogo de personas así consideradas como los proxonetas, alcohólicos, rufianes... El Gobierno habilitaría lugares cerrados para internar y reeducar a los vagos y maleantes. La dictadura franquista conservó esta ley y finalmente fue derogada en 1978.
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