Según el Derecho Internacional, las elecciones de marzo de 2010 no sólo son ilícitas al derivar de un régimen de ocupación, sino que, en lugar favorecer la estabilización de las instituciones democráticas en Iraq —como proclaman cínicamente sus promotores exteriores e internos— ahondarán la fractura sectaria y aumentarán el déficit de los derechos civiles, económicos y políticos de los iraquíes (particularmente de las mujeres).
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