Los grupos de empresas con resultados consolidados deberán aportarlos sólo si la matriz tiene domicilio en España. Los trabajadores sólo podrán reclamar de forma individual ante el juez por cuestiones que no hayan sido previamente impugnadas por el comité. El Gobierno prohíbe subcontratar la intermediación laboral con empresas que no sean agencias de colocación. Rebaja en 2,2 millones de euros las subvenciones que repartirá entre los sindicatos en función de su representatividad.
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