La autorización de las prospecciones petrolíferas de Repsol frente a Canarias por parte del Ministerio de Industria ha originado un conflicto político y social en el archipiélago. El Gobierno autónomo es contrario a una actividad industrial a la que acusa de ser muy contaminante y peligrosa y que, a su entender, pondría en grave riesgo el principal motor económico de las islas: el turismo. Para el Gobierno central es ineludible explorar la posibilidad de extraer hidrocarburos por un equivalente al 10% del consumo energético nacional...
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