Alrededor de 37.000 teléfonos móviles y 3.500 líneas fijas están controlados por orden judicial en España. Las compañías telefónicas y de Internet señalan que técnicamente es posible cumplir la nueva regulación que prepara la Unión Europea para obligarles a llevar un registro de datos obligatorio durante al menos un año, aunque se dispararán los gastos. Según las operadoras, éstos podrían superar los 20 millones de euros.
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